Cuestiona disposiciones legales que afecten derechos humanos de más de 10 millones de personas.

Está relacionado con delitos como homicidio, lesiones dolosas, cobro de piso, secuestro, extorsiones, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y tráfico de armas.

El convenio potenciará su presencia como órgano rector del sector inmobiliario.

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