CHIANG RAI, THAILAND - SEPTEMBER 13, 2015: Woman try to use soci
PANITHAN_0891919557
21 enero, 2021
Arturo Moncada
Ciencia

EL GRAN DEBATE: ¿QUIÉN CONTROLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

En los últimos años internet se convirtió en un medio fundamental para la libertad de expresión y hoy permite que las personas que cuentan con acceso puedan manifestar sus ideas ante millones de usuarios pero, pese a esta ventaja, también da pie a una gran cantidad de dudas, conflictos, limitaciones y tipos de censura que tienen cada vez más desconcertados a los ciudadanos, a las empresas y a los gobiernos.

Y es que hoy tanto la libertad como la privacidad de los ciudadanos se ve en riesgo por el afán de megacorporaciones, gobiernos y hasta órganos legislativos por imponer sus propias normas a espacios cuya principal característica es precisamente la ausencia de barreras que impidan expresar ideas, opiniones o preferencias personales.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, como otros gobernantes en el mundo, se manifestó ya en contra de cualquier intento de censura en las redes sociales, al advertir que “no puede haber retrocesos” en materia de libertad de expresión.

Cabe recordar que la libertad de expresión se inscribe en los derechos universales que se presentan como indisolubles con la democracia: sin libertad de expresión, afirman los expertos, no hay democracia plena.

Sin embargo, como cualquier otro derecho en democracia, la libertad de expresión no puede ser absoluta sino que debe modularse frente a otros derechos también esenciales, tales como la vida privada, la intimidad o el honor.

Esta problemática hace indispensable precisar si en las redes sociales existe realmente libertad de expresión o si esta se ve menguada por factores externos.

Autonomía

Los expertos señalan que para hablar de libertad de expresión en las redes sociales debe entenderse que esta se concibe en la actualidad como el resultado de la evolución histórica de las libertades humanas desde una perspectiva liberal.

¿Existe realmente libertad de expresión en las redes sociales? Es la pregunta que se hacen miles de millones de usuarios de internet ante casos en que gobiernos como el de Estados Unidos revisan sus mensajes y conversaciones bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional.

A este ejemplo se suman los despidos o las sanciones laborales para miles de personas por sus mensajes en redes sociales como Facebook y Twitter, así como las respuestas ofensivas y amenazas que muchos reciben de los mismos usuarios de las redes por expresar su opinión en dichos espacios.

En una declaración conjunta presentada a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010 los delegados para la libertad de expresión de diversos organismos internacionales aseguraron que la mala interpretación de parte de algunos Estados respecto de la limitación a la libertad de expresión con base en la seguridad nacional se está convirtiendo en un riesgo para la protección de ese derecho.

Por otra parte el VII Principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión promulgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2010 declara: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”, lo cual implica que los ciudadanos tienen derecho a decir lo que deseen, aunque no sea verdad.

Sin embargo a más de una década de dichas declaraciones la libertad de expresión y la privacidad en las redes sociales siguen en la cuerda floja.

Chantaje

El derecho a la libertad de expresión en plataformas digitales adquirió en los últimos años una particular relevancia considerando la capacidad multiplicadora de internet, la facilidad para su acceso y la libertad de circulación de contenidos; esto genera discusiones en relación con las responsabilidades de los usuarios y de los intermediarios, así como sobre la difusión de información y sus límites a través de la red.

Recientemente el cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump después de que partidarios del presidente asaltaron el Capitolio el 6 de enero fue celebrada por unos y denunciada por otros.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, por medio de su portavoz, Steffen Seibert, consideró como “problemático” el cierre por parte de varias redes sociales, entre ellas Twitter, de las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos. “Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador y no por la decisión de una dirección de empresa”, señaló en nombre de Merkel el portavoz en conferencia de prensa.

Por su lado el activista ruso Alexei Navalny, quien en meses pasados sufrió un envenenamiento del que acusa a su gobierno, recurrió al mismo Twitter para denunciar como “un acto inaceptable de censura” la acción contra Trump. “Obviamente Twitter es una empresa privada, pero hemos visto muchos ejemplos en Rusia y China de empresas privadas que se han convertido en las mejores amigas del Estado y facilitadoras de la censura”, explicó el activista.

Para otros, no obstante, lo más preocupante es precisamente que una empresa privada haya podido silenciar al presidente de Estados Unidos, considerado durante su mandato como el hombre más poderoso del mundo y cuyo alcance en esa red social llegaba a más de 80 millones de usuarios.

Para el comisionado de la Unión Europea Thierry Breton “el hecho de que un director ejecutivo pueda desconectar el megáfono del presidente de Estados Unidos sin ningún control y equilibrio es desconcertante”.

Reseñas a la censura y la libertad de expresión también son frecuentes en las críticas de los simpatizantes de Trump, quienes son motivo de medidas similares en diversas redes sociales.

Twitter anunció el lunes 11 de enero el cierre de más de 70 mil cuentas vinculadas a QAnon, la teoría de la conspiración que ya antes de las elecciones estadunidenses también había sido motivo de bloqueos y cierres en Facebook.

La red social de Mark Zuckerberg igualmente suspendió de manera temporal la cuenta de Trump y lo mismo hicieron Instagram, Snapchat, Twitch y YouTube.

Riesgos

Así las cosas ¿serán las plataformas digitales las que discrecionalmente decidan cuándo procede el bloqueo de usuarios o eliminación de cuentas? ¿Cómo se garantizará el debido proceso de los usuarios frente a estas determinaciones, considerando la naturaleza abierta de internet? ¿Es prerrogativa de los dueños de las compañías digitales ser los guardianes o jueces de lo que es apropiado en sus sitios como Facebook, Twitter, YouTube, etcétera?

Según el informe Libertad de expresión e internet de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE, 2013), las características originales y diferenciales de internet deben tomarse en cuenta antes de impulsar cualquier tipo de regulación que afecte su incorporación social.

Es decir, señala el informe, que “los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a internet sino que deben diseñarse específicamente para este medio, atendiendo sus particularidades”.

Lucía Camacho, abogada en la Fundación Karisma, comenta: “Más allá de los casos de censura o posible censura debemos pensar en cómo evitar abusos y proteger derechos en redes sociales. La autorregulación (de las plataformas y de las personas) que parecía ser suficiente hoy a mi parecer ya no lo es. Por eso se discute cómo regular a plataformas, redes sociales o buscadores”.

Para Camacho es importante que la regulación que se adopte no sea reactiva, es decir, que no se desarrolle de manera unilateral y de interés sino que “se deben considerar los intereses de las múltiples partes relacionadas —sectores público y privado, academia, comunidad técnica, sociedad civil, ciudadanía— teniendo en cuenta las implicaciones que una regulación restringida puede traer para la dinámica abierta de internet y para el ejercicio de los derechos humanos”.

Carlos Cortés, exdirector de políticas públicas de Twitter para América Latina y exdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), considera importante analizar la regulación existente y evaluar si es necesario crear una adicional, particularmente en temas de protección de datos personales y derechos de autor.

En todo caso, agrega, debe hacerse sin que estos dos puntos específicos se usen para afectar la libertad de expresión.

En México el presidente López Obrador condenó la “censura” en las redes sociales —sin referirse de manera explícita al bloqueo que Facebook y Twitter aplicaron al presidente de Estados Unidos— al advertir que se debe garantizar la libertad de expresión para no reducir la comunicación a medios tradicionales: “No puede haber retrocesos. ¡Cómo se va a censurar a alguien!”, expresó el mandatario.

Para López Obrador si bien las redes sociales no deben usarse para incitar a la violencia, eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. Por ese motivo anunció que en la próxima reunión de los países del G-20 expresará su rechazo a la censura en redes sociales.

Sin embargo en internet no solo las redes sociales censuran. Durante 2020 diversos legisladores mexicanos pusieron dentro de sus agendas una variedad de temas relacionados con tecnología o sus diversas herramientas, las cuales tuvieron suma relevancia durante la emergencia sanitaria.

Muchas de estas propuestas y discusiones fueron polémicas ya que si bien algunas tienen propósitos benéficos, como las orientadas a la protección de los ciudadanos en el entorno digital, como la Ley Olimpia a nivel nacional, otras resultaron controvertidas por las consecuencias que podrían tener en detrimento de los propios usuarios. Ejemplo de ello fue el aumento de 16% por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) a servicios tecnológicos.

Y esta no fue la única polémica que se generó a partir de estas plataformas ya que desembocó en una disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a que en el Presupuesto de Egresos 2021 solicitaron que toda empresa que trabajara por vía digital debía registrarse y así se le retendría 2.4% de ISR. Y luego la amenaza: en caso de incumplir con alguna de las dos medidas la empresa podría ser bloqueada, en una clara censura al libre mercado.

Cambiando reglas

Efectivamente hasta ahora una de las reglas clave de plataformas como Facebook y Twitter había sido la de no interferir con el contenido publicado por los usuarios y particularmente por políticos al considerarlos demasiado importante para el discurso público.

No obstante desde el inicio de la pandemia de coronavirus las cosas empezaron a cambiar significativamente y las empresas comenzaron a tomar más medidas contra los líderes mundiales.

En marzo Facebook y Twitter eliminaron publicaciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro y del presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntamente desinformar sobre el Covid-19.

Pero fue hasta mayo, en el contexto de las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, que Twitter tomó acciones contra un tuit publicado por Trump, colocándole una advertencia a un mensaje que según sus moderadores glorificaba la violencia: “Cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo”, indicaba el texto.

Acciones de este tipo, que se multiplicaron durante la campaña electoral estadunidense, aumentaron desde los sucesos del 6 de enero en todo el mundo.

La medida, afirma la abogada y especialista en tecnología de privacidad Whitney Merrill, apunta a un cambio en la postura de moderación de los gigantes tecnológicos. “Las reglas y pautas de las redes sociales evolucionan con el tiempo, lo que es normal. Pero no se aplican de manera consistente en todo el mundo”, añade. No obstante Merrill anticipa que “la decisión contra Trump podría ser el inicio de una purga de comportamientos similares a escala mundial”.

David Díaz-Jogeix, director de programas de la ONG de defensa de libertad de expresión Artículo 19, expresa que si bien las principales redes sociales nacieron en Estados Unidos y por ende manejaron un contexto cultural de “libertad de expresión absoluta” garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, los estándares internacionales “dan unas pautas de que, en ciertos momentos, por ejemplo de incitación al genocidio, incitación a la violencia o a la discriminación a colectivos marginales, sí se puede limitar la libertad de expresión”.

Las redes sociales “se guían por unas normas comunitarias y lo que nosotros criticamos es que esas normas no se basen en los estándares internacionales de derechos humanos. No pueden ser una decisión de Mark Zuckerberg o Jack Dorsey, el CEO de Twitter, sino que deben basarse en estándares internacionales”.

Pero para Artículo 19 también existe un riesgo en dejar la regulación de estas plataformas en manos de los gobiernos. “Nosotros no queremos que Twitter, Facebook u otra red social sean los que decidan quiénes pueden disfrutar de la libertad de expresión. Pero tampoco nos parece buena idea que lo hagan los gobiernos, porque la historia demuestra que dejar que los gobiernos regulen la libertad de expresión es una mala idea”.

Díaz-Jogeix agrega que “buscamos refocalizar toda esta discusión global que se registra sobre esto en preguntarse qué es lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión, pero también de respeto a la privacidad”.

Alevosía

Por si fuera poca la intromisión en la libertad de expresión, el poder casi hegemónico en áreas comerciales que presentan diversas plataformas de redes sociales provoca además una competencia desleal.

Un ejemplo de ello es Facebook, compañía que a finales de 2020 fue acusada de cortar el acceso a datos de los usuarios a empresas y aplicaciones que podían ser competencia, lo que supone una afrenta al libre mercado y abuso dominante de poder.

En la demanda se indicó que Facebook “identificó y categorizó posibles amenazas en el mercado y entonces extinguió los acuerdos que tenía con esas empresas eliminando todo posible acceso a información y datos en la plataforma de forma agresiva”. Entre las compañías afectadas se encuentra la herramienta de mensajería instantánea WeChat, de origen chino, que de buenas a primeras se encontró con que no tenía acceso a la plataforma y que los usuarios, por ejemplo, no podían conectarse a ella con sus credenciales de Facebook.

“El efecto que tiene el esquema anticompetitivo de Facebook constituye uno de los monopolios más ilegales jamás vistos en Estados Unidos y una barrera impenetrable para otras empresas, lo que tiene considerables efectos sobre la libertad en internet”, establece la demanda interpuesta por varias empresas desarrolladoras de aplicaciones móviles.

En el pasado Facebook compartía numerosa información con empresas de terceros que podían emplear su plataforma. Sin embargo tras el escándalo de Cambridge Analítica, en el que se vieron expuestos los datos personales de más de 87 millones de usuarios, la compañía endureció considerablemente sus políticas y cerró el grifo a que otros desarrolladores accedieran fácilmente a su plataforma.

Esto levanta sospechas no solo en Estados Unidos sino en muchos otros países del mundo donde organizaciones gubernamentales avisan que la compañía se ha convertido en un enorme monopolio que domina gran parte del panorama online, sobre todo tras comprar a otros competidores o a grandes jugadores del mercado de internet, como Instagram en 2012 o WhatsApp en 2014.

Desconfianza

Desde que inició enero a Christopher, estudiante en Nueva York, la aplicación de WhatsApp le pide aceptar una serie de condiciones para reactualizar su acceso a la red de mensajería; a Ana, en México, le acontece exactamente igual: ha intentado evadir la advertencia descargada desde la aplicación.

En realidad son dos mil millones los usuarios de esta aplicación afectados por modificaciones anunciadas por el propio Zuckerberg, el todopoderoso dueño de las principales plataformas de redes sociales y de comunicación instantánea como son Facebook, Instagram y WhatsApp.

Lo hizo desde el año pasado para advertir una serie de cambios añadidos en sus tres brazos fuertes que lo ubican como la cuarta fortuna del mundo con 97 mil 500 millones de dólares; es el empresario más joven (37 años) en poseer un acaudalado patrimonio dentro del ranking de los diez megamillonarios.

El uso de sus redes sociales permite que miles de millones de seres humanos se encuentren, se comuniquen entre sí, tengan una nueva forma de conocerse y hasta de formar relaciones de pareja; la ventaja de la inmediatez es algo que seduce a los potenciales usuarios.

Sin embargo subyace un hecho preocupante, una realidad latente que muchos de los usuarios de dichas redes intuyen y de alguna forma aceptan tácitamente: que sus cuentas son leídas por otros y que su privacidad es vulnerada constantemente.

Zuckerberg esgrime insistentemente que no es así, pero las ganancias de sus empresas derivan de la publicidad en sus páginas, y siempre impera la duda de cómo el joven magnate comercializa toda la base de datos de sus usuarios y hasta qué manos llega la preciada información: ¿la CIA?, ¿el FBI?, ¿el Pentágono? o bien ¿la Casa Blanca?

Los inminentes cambios en la política de privacidad de WhatsApp —para el próximo 8 de febrero— abren de nuevo el debate sobre qué hace Zuckerberg con la base de datos. ¿Hasta qué punto los de su compañía leen lo que se comparte? ¿Y qué tan vulnerable es la vida de las personas y sus documentos financieros?

¿Qué pasará el próximo 8 de febrero? Los usuarios de WhatsApp que den “aceptar” permitirán que su información se distribuya con Facebook para los fines que a la empresa convenga. “WhatsApp se reservará el derecho de compartir los datos que recopila sobre usted con la red más amplia de Facebook, que incluye Instagram, independientemente de si tiene cuentas o perfiles allí. Gran parte de la política que trata sobre la monetización de WhatsApp está ampliamente en línea con lo que vino antes, pero ahora establece claramente que WhatsApp recibe información y comparte información con las otras empresas de Facebook”.

Cabe mencionar que la opción de “compartir datos” ha estado presente desde hace años como un instrumento opcional, pero desde el próximo 8 de febrero será “obligatoria”: las personas que no acepten las nuevas condiciones no podrán acceder más.

¿De qué datos se trata? Cada vez que utilicen la App compartirán con Facebook tanto su nombre como su lista de contactos, su ubicación, la información financiera que tengan, los datos de uso, la dirección IP, así como el número telefónico y marca y modelo del dispositivo; la empresa insiste en que el cifrado de los mensajes compartidos entre uno y otro usuario o varios dentro de un grupo no pueden ser leídos por alguien externo.

Hay mucha irritación entre los usuarios de este servicio de mensajería: unos creen que habrá una violación directa de su intimidad y otros lo ven en términos de merchandising y marketing.

Ricardo Pazos, director de la Agencia Walterman, explica que WhatsApp cambia sus condiciones de privacidad e implica comercializar los datos de sus usuarios. “Y eso para los que utilizamos WhatsApp no es muy buena noticia: irá empeorando, porque Facebook no pasa por su mejor momento y necesita ingresos; requiere monetizar y obtener mayores beneficios, sobre todo en las últimas compras que ha hecho”, puntualiza el experto en marketing digital.

Usuarios desprotegidos

En menos de dos décadas se ha dado toda una revolución en las comunicaciones entre las personas, del teléfono convencional a la telefonía celular y luego la irrupción de las aplicaciones de mensajería; pero subyace igualmente una gran exposición de la vida de las personas en las redes sociales.

“Creo que la mayor parte de nosotros lo sabemos y lo consentimos; nos da un poco igual, nadie lee las condiciones de política de privacidad. Cuando creamos una cuenta o descargamos un juego nos limitamos a aceptar las reglas del juego”, reconoce Pazos.

Quizás en el futuro, recalca convencido, los usuarios consentirán cada vez menos ese tratamiento de sus datos: “WhatsApp al final lo que está haciendo es decirle a la gente: que sepas que voy a coger tus datos y los voy a vender, ¿estás de acuerdo?”

Entonces de forma específica hay dos opciones inmediatas para los usuarios: aceptar las condiciones que se envían como un mensaje bastante visible cuando se utiliza el WhatsApp para no perder el acceso y seguir usándolo con toda normalidad o bien no aceptarlas, perder el acceso y descargarse otra aplicación de mensajería como Telegram, Signal, QuickTake, Wickr Me, Dust, iMessage de Apple, Threema, Wire o Riot.IM. Algunas de estas ya experimentan un crecimiento vertiginoso de descargas por la fuga de usuarios de WhatsApp molestos con los nuevos términos.

Encono contra WhatsApp

WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería instantánea que permite enviar y recibir mensajes, compartir imágenes, audio, video y realizar llamadas y videollamadas nacionales e internacionales.

Desde que inició 2021 las descargas en dicha App descendieron 11%: la fuga de usuarios descontentos por los cambios a partir del 8 de febrero contribuye a incrementar el número de descargas de otras aplicaciones de mensajería.

Es el caso de Telegram, que en solo tres días consiguió 25 millones de nuevos usuarios y ya sobrepasa los 500 millones de usuarios mensuales. De acuerdo con información de la propia compañía de los nuevos usuarios obtenidos 38% son de Asia, 27% de Europa, 21% de América Latina y 8% de Oriente Medio y el norte de África.

Otra beneficiaria es Signal, con una “expansión vertical” que en la segunda semana de enero reportó un incremento de 17.8 millones de usuarios.

¿Qué datos personales guardan las aplicaciones?

Signal Ninguna, el único dato personal que almacena es tu número de teléfono y no hace ningún intento de vincularlo con tu identidad.

Telegram Información de contactos, contactos, identidad del usuario.

WhatsApp Identidad del dispositivo, identidad del usuario, datos publicitarios, historial de compras, ubicación.

Facebook Contactos, fotos y videos, contenido de juegos, otros contenidos del usuario, historial de búsqueda, historial de navegador, identidad del usuario, identidad del dispositivo, interacción del producto, señas, información publicitaria, datos de crash, datos de rendimiento, información de otros diagnósticos, datos de salud y fitness, información de pago, archivos de audio, información sensible y iMessage.