La imagen, vía BlackBerry, era impactante, brutal, salvaje: la mejilla izquierda de la joven cruzada con el filo de un machete, sembrando un surco de sangre. Y la amenaza: ¿Quieren más profundidad? La extorsión de la ley del hampa. El tributo sin opción de cabildeo.
Y aunque el pago del empresario llegó puntual, al fragor infame de la exigencia, tres días después el cadáver yacía arrinconado entre las hierbas silvestres del fondo de una ladera.
Y háganle como quieran.
En la misma ruta, sofisticada la técnica, organizada la tarea delictiva, proliferan mensajes escalofriantes que muestran cadáveres degollados, mutilados, golpeados, con una leyenda: Estos lo iban a secuestrar.
Ya en prenda de certeza, la dirección del remitido, su actividad, el nombre de sus hijos, las escuelas, los movimientos habituales de las familias.
Y la factura de varios ceros: Nos debe tanto por salvarlo.
De acuerdo al cálculo más conservador, al margen de secuestros, amenazas y una larga cadena de delitos contra particulares, las extorsiones le cuestan a las empresas 250 mil millones de pesos al año, diez mil más de lo que planteaba recaudar extraordinariamente el gobierno con la reforma fiscal.
Y no estamos hablando de los robos de mercancías que se venden en el escenario de la economía informal. Ni estamos hablando de los delitos de cuello blanco que apuntan a saquear cuentas bancarias; que se apropian de pagos, o de la propia identidad.
Tributos
Durante el último año, de acuerdo con las firmas de seguridad en el país, han desaparecido del escenario al menos 800 mil pequeñas y medianas empresas, que se han negado o han decidido cancelar pagos de los extorsionadores.
Más allá de los problemas provocados por la furia del huracán Manuel, el puerto de Acapulco languidece por la inseguridad, poniendo en peligro 380 mil empleos formales.
El panorama es idéntico en Tijuana, Tampico, Matamoros, Durango, Torreón, Cuernavaca, Reynosa y Mazatlán…
La penetración de la delincuencia ha llegado a tales niveles que al día siguiente de la apertura de negocios ya está el mensajero del crimen organizado solicitando la cuota. El golpe alcanza lo mismo a pequeños talleres mecánicos que a tiendas de conveniencia, autoservicios, salones de belleza, tlapalerías o plantas industriales.
En el escenario, pese a la Ley Antilavado, que en algunos de sus capítulos resultó contraproducente para algunos rubros productivos, está la desregulación de los mercados financieros y la expansión de los paraísos fiscales que permiten colocar a resguardo el botín.
De acuerdo al cálculo de los organismos contra la inseguridad, en México al menos 468 mil personas trabajan en actividades relacionadas con el comercio ilícito de enervantes, lo que representa 100 mil más de la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social y casi tres veces la de Petróleos Mexicanos.
El problema, además, es que el país registra niveles de impunidad de 97%, dado que de cada 100 delitos que se denuncian solo tres llegan a sentencia en la magia de la corrupción.
Y no estamos hablando de los pequeños asaltos en vía pública, los robos a casa-habitación o las extorsiones domiciliarias que no se denuncian.
Más allá de la catarata de impuestos que derivan de la reforma fiscal las empresas pagan otros tributos, estos a favor del crimen organizado.
¿Cuánto de ellos califica para explicar el mínimo crecimiento económico del país?