Colocado en el epicentro de las mil interrogantes sobre el caso Oceanografía, el mayor fraude bancario en la larga historia financiera del país, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, les dijo a los legisladores ante quienes comparecía que la empresa había saldado sus deudas con el fisco y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gracias a ello, señaló, se le permitió la venta de sus tres equipos de futbol, empezando por el Gallos Blancos de Querétaro.
El caso es que entre los cargos que llevaron finalmente a prisión al empresario está justo el de defraudación fiscal, al haber retenido el Impuesto Sobre la Renta y cuotas de los trabajadores al Seguro Social y no haberlas enterado.
En la lista está también el Infonavit.
Revivido el caso tras involucrarse al propio Amado Yáñez en un delito grave, luego de que se le había fijado una fianza para enfrentar un proceso en libertad por delitos menores, colocado en la misma silla el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, declaró que a la empresa le fueron cortados uno por uno los contratos que mantenía vigentes.
El caso es que el principal argumento para no declarar en quiebra a la contratista de la empresa productiva de Estado, cuyas deudas superan dos tantos al valor de sus activos, fue que su acción era estratégica para la petrolera. Sin ella podría haber un formidable quebranto para el país.
Soslayado por la PGR un primer dictamen sobre un presunto fraude de 400 millones de dólares a Banamex, avalados cinco préstamos de factoraje por documentos que resultaron ser falsos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que había colocado el peso de la responsabilidad en el banco, emitió un segundo, en el que apuntó ahora a Yáñez Osuna.
Sin embargo multó a Banamex por desorden administrativo, negligencia y complicidad con el delito.
Exigido por el juez que lleva el concurso mercantil de Oceanografía, Felipe Consuelo Soto, a Petróleos Mexicanos dejar de lado el compromiso asumido con Banamex de turnar a un fideicomiso los pagos que se le hacían por la explotación de contratos vigentes tras una suspensión de dos años a la contratista, ahora resulta que el togado desconoce los préstamos que le adjudicó el banco.
Y si le seguimos, se dijo en la fase previa a la posibilidad de vender la empresa al Grupo Alemán que Pemex le había levantado la suspensión, que Yáñez se quedaría con una parte mínima de capital, y que se terminarían los contratos vigentes en tiempo y forma.
Más allá, al estallido del escándalo, huidos con proa rumbo a aguas internacionales los barcos que mantenía Oceanografía, se dijo que el gobierno los recuperaría… con la novedad de que se están rematando por parte de las empresas a quienes se les pignoraron.
En abundancia se habló de que se incautarían las inversiones que había hecho Yáñez, Osuna, a cuenta de Oceanografía, en la exitosa caja de ahorro Libertad, con sede en Querétaro, para convertirla en banco, pero nunca se volvió a tocar el asunto.
¿Cuál es la verdad sobre el caso? ¿La de la PGR? ¿La de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿La de Petróleos Mexicanos? ¿La del juez de la quiebra?
Se diría que el barco del escándalo navega según el viento… político.