Nuestro sistema educativo ha experimentado un constante crecimiento desde 1950, pasando de uno a 36 millones de estudiantes. Hasta ahora se puede afirmar que prácticamente hemos alcanzado la escolarización universal hasta el nivel de educación secundaria. Sin embargo solo 56% de los estudiantes mexicanos concluye su educación media superior. El problema se agrava cuando hablamos de nivel profesional ya que en México solo 17% de las personas de 25 a 64 años logra tener estudios universitarios.
¿Entonces podemos hablar de un sistema nacional de educación en México? Pareciera una referencia utópica ya que a lo largo de nuestra historia como república no hemos podido lograr que la gran mayoría de nuestros jóvenes disfruten del derecho fundamental a la educación superior.
Aquí es donde vale la pena preguntarse, ¿cómo es que llegamos a cerrar la segunda década del siglo XXI con un sistema de educación inequitativo y excluyente para aquellos que buscan consolidar sus estudios profesionales?
La realidad es que diferencias sociales, desigualdades, dificultades de acceso y otros problemas como los vividos por población indígena, personas con discapacidad y otras minorías se hacen cada vez más visibles.
Por ello resultaba inaplazable un importante proceso de modernización legislativa de la educación superior en México: porque uno de los mayores actos de justicia social y dignidad humana es la impartición de educación pública gratuita y de calidad.
Los límites que históricamente han frenado al sistema nacional de educación superior son la fragmentación entre subsistemas, los vicios de corrupción, y la ausencia de rendición de cuentas sobre objetivos y acciones.
Nueva escuela
Llegó la hora de democratizar la educación superior en México. Es momento de que como sociedad podamos entender que la educación superior es un bien público, una inversión que solo nos puede redituar en reactivación económica y un amplio proceso de transformación social.
Sí, reactivación económica impulsada por el desarrollo científico, técnico y tecnológico; y sí, transformación social, ya que la educación es también un derecho civil, económico, político y cultural. La educación es la puerta de entrada a la realización plena y eficaz de los demás derechos humanos.
Recordemos como antecedente que la reforma constitucional en materia educativa, publicada el 15 de mayo del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, reconoció el derecho humano a la educación superior que el Estado mexicano está obligado a garantizar. Sin embargo estamos hablando de un tema que venimos arrastrando históricamente. Desde hace seis décadas, en diciembre de 1960, se aprobó la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. Un tema de antaño sin duda requería decisiones firmes en el Legislativo federal para consolidar la Ley General de Educación Superior.
Dijo Benito Juárez: “La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.
Vivimos un momento histórico para la educación de nuestro país. Es momento de la nueva escuela mexicana, una escuela diferente que brinde educación integral y nuevos contenidos en la era digital. Sobre todo llegó el momento de combatir las asimetrías educativas en México.