La desaparición forzada es un problema que continúa creciendo día tras día en nuestro país. Actualmente contamos con un Registro Nacional que nos indica que desde 1964 hasta la fecha se reportaron más de 100 mil 400 personas desaparecidas y no localizadas.
¿Cuál es la legislación con la que cuenta México en esta materia? Y mucho más importante, ¿se le da seguimiento a nivel legislativo?
Empecemos por reconocer que el número de personas desaparecidas en México se disparó a partir de 2006. Durante ese año se registraron 256 personas desaparecidas y no localizadas.
Sin embargo, hemos sido testigos de un aumento exponencial que en 2021 nos llevó a nueve mil 766 personas en esta lista.
¿Cuál es el perfil de las personas desaparecidas? Principalmente son hombres, quienes representan 76% de las cifras. En cuanto a la edad en la que desaparecen, hay una variación importante: la mayoría de los hombres se encuentra en un rango entre 25 y 29 años, mientras que en las mujeres el rango es de 15 a 19 años.
Las entidades con mayores problemas en este sentido son Jalisco, que encabeza la lista con más de 13 mil casos, seguido de Tamaulipas y el Estado de México.
Leyes
¿Cómo abordó México este problema desde el punto de vista legislativo? En 2012 el Congreso de la Unión aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Posteriormente, en 2017, se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Esta ley por primera vez establece diferencias entre una persona desaparecida, cuya ausencia se relaciona con la comisión de un delito, y una persona no localizada, cuya ausencia no se vincula con un hecho delictivo.
Nuestro país incluso firmó y ratificó dos importantes tratados internacionales en la materia: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en 2002 y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada 2008.
Ante tal panorama, resulta indispensable que nuestro Congreso de la Unión y Congresos locales den seguimiento a la instrumentación de las leyes en materia de desaparición forzada en nuestro país.
Únicamente una legislación de vanguardia, acompañada de mayores recursos a las instituciones dedicadas a este propósito, lograrán cambiar esta complicada realidad.
Aquí le daremos seguimiento puntual a este importante tema.