Vivimos momentos importantes en materia de proceso legislativo porque es precisamente el presupuesto la joya de la corona en San Lázaro durante este periodo ordinario de sesiones.
Si bien es cierto que estos días cada año son característicos del jaloneo presupuestal y de la negociación para destinar a una u otra partida la fortaleza económica, es importante reflexionar sobre la configuración de un presupuesto con igualdad sustantiva.
¿De qué se trata este enfoque? Básicamente de que en la repartición del presupuesto exista un principio de igualdad y no discriminación; se trata de no dejar a nadie atrás, ya que históricamente las mujeres en México se han visto afectadas por entornos poco equitativos.
Además, la pandemia vino a acentuar las problemáticas ya existentes relacionadas con empleo, educación y violencia doméstica para el género femenino, por citar algunos rubros.
Entonces, ¿cómo buscar autonomía económica y el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de género?
Para lograr una asignación presupuestal suficiente, desde el Poder Legislativo se etiquetan recursos que impulsan la igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a hacer un poco de historia.
Responsabilidad
Si bien es cierto que en nuestro país el análisis del gasto público con un enfoque de género inició desde los noventa, fue hasta 2008 que los recursos para mujeres y la igualdad de género se etiquetaron.
Se detallan en un anexo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación, actualmente llamado Anexo 13, Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
Posteriormente, en 2011, se robusteció la posibilidad de un presupuesto con igualdad sustantiva cuando una reforma a nuestra Carta Magna estableció que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos adquirieran rango constitucional.
A partir de los cambios anteriormente mencionados hemos visto la creación de importantes leyes que enuncian entre sus principios la perspectiva de igualdad de género. Podemos mencionar la Ley de Planeación, la Ley de Desarrollo Social, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por mencionar algunas de las más relevantes.
Aquí la pregunta es: ¿ha servido? Sí. Pero, ¿es suficiente? Por supuesto que no.
Es evidente que no basta con etiquetar los recursos: es necesario asegurarnos de que efectivamente los presupuestos con perspectiva de género incidan de manera real y concreta en la vida de millones de mexicanas. El dinero debe llegar a las mujeres rurales y urbanas, a las jóvenes pero también a las adultas mayores, a las infancias. En 2008 la participación presupuestal del anexo 13 fue solo de 0.27% del presupuesto. Hemos visto avances, sí, pero recordemos que como sociedad tenemos la responsabilidad de vigilar cómo se gastan nuestros recursos y dar seguimiento puntual a temas que inciden en la vida de más de 64.5 millones de mujeres en nuestro país.