Esta semana Guatemala sorprendió al mundo con una decisión histórica de su Congreso: el desafuero y renuncia del presidente Otto Pérez Molina, que da lugar al inicio de un proceso judicial contra ese primer mandatario centroamericano, quien además enfrenta una orden de arraigo bajo cargos de supuestos actos de corrupción.
Desde abril manifestantes de diversos grupos sociales y activistas se reunieron frente a la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia de Pérez Molina, a quien señalan como líder de una red de corrupción aduanera con base en datos revelados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que se ha denominado La Línea en referencia a una línea telefónica instalada por el gobierno para recibir quejas de corrupción.
La semana pasada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue ya sentenciada a prisión por su presunto involucramiento en el mismo caso: una red de corrupción aduanera en la cual los agentes ofrecían tarifas reducidas a empresas que pagaran mordida.
Según las autoridades, el fraude aduanero costaba a las arcas públicas más de medio millón de dólares a la semana.
La investigación de la CICIG, que comenzó en mayo de 2014, ha resultado en la detención de 27 personas. Desde entonces, cinco miembros del gabinete de Pérez Molina renunciaron a sus cargos y el político se vio aislado.
Incluso la Suprema Corte rechazó las solicitudes de amparo promovidas por el presidente y la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, advirtió que en ese país nadie está por encima de la ley y aseguró que el proceso judicial terminará con una sentencia condenatoria.
Esta situación es inédita en un país como Guatemala, donde hasta hace poco los políticos gozaban de impunidad.
El caso de La Línea evidencia lo arraigada que está la corrupción en el gobierno y los ciudadanos no estuvieron dispuestos a dejarlo pasar. Las manifestaciones que en promedio reúnen a más de 70 mil personas, incluyendo a grupos sociales, activistas y ciudadanos comunes y corrientes, se realizan de manera pacífica una vez a la semana y parece que lograron su cometido.
Elecciones
Lo que le espera a este país centroamericano aún está por verse: las elecciones para los cargos de presidente y vicepresidente están programadas para este 6 de septiembre, pero con un proceso judicial contra el actual mandatario hoy reina la incertidumbre.
Los guatemaltecos dieron un gran paso al exigir el fin de la impunidad y la corrupción, pero ahora viene lo más difícil, pues tienen el reto de mantener la estabilidad política frente a un proceso electoral con 14 candidatos a la Presidencia y con un presidente que renunció al cargo y enfrenta a la justicia.