Elegir es una acción inherente al ser humano. Es la expresión más respetable en el ejercicio de la autodeterminación y el libre albedrío que nos define. Cuando nos vemos inmersos en la dinámica de una sociedad como seres colectivos es donde se encuentran límites y barreras a efecto de evitar que el comportamiento derivado de la decisión personal pueda afectar la vida, la integridad, el patrimonio o en general los derechos de otros.
Sin embargo, la enorme diversidad de pensamiento que se traduce en decisiones que se contraponen abre la discusión para que lo colectivo pueda sancionar mediante prohibiciones legales conductas y acciones.
Ahí el poder público a través de sus órganos de Estado puede tomar medidas y legislar o prohibir mediante decreto alguna cuestión que estime lesiva para la sociedad en su conjunto. Pero cuando el Estado transgrede la esfera individual para condicionar las decisiones que tienen que ver con el libre albedrío de los individuos se entra en un razonamiento simplista que hace creer al poder público que, por el simple hecho de prohibir, los problemas complejos se desvanecen o sencillamente se terminan. Lo anterior nos lleva a un escenario complicado: qué tanto Estado y qué tanto individuo para hacer prevalecer un contexto social en armonía.
El dilema se visibiliza con mayor claridad cuando se trata de temas relativos a la salud. La reciente discusión que elimina del mercado los vapeadores y los pone en el lado de la ilegalidad creó una percepción dividida sobre la atingencia de esta medida. Por una parte, el grueso del mercado de consumo de ese producto en específico lo constituyen jóvenes que con fragor defienden su potestad para poder hacer uso de estos dispositivos. Por otro lado, un grupo mayormente constituido por padres de familia y adultos aplauden la medida en cuidado de la salud de otros.
Propio y personal
El tema aunque actual, no es nuevo y se tienen antecedentes de la poca efectividad y la ineficiencia de tomar medidas restrictivas. Tengamos como referente el caso de Oaxaca, donde hace algunos meses el Congreso estatal prohibió el suministro, distribución y venta de cualquier refresco y bebidas con azúcar, así como la comida catalogada como chatarra. El resultado: el margen de corrupción se hizo enorme al crear un mercado negro de estos productos, los cuales seguían siendo comercializados dentro de la ilegalidad, pero ahora con ganancias ilícitas para supervisores, policías y tenderos. Lejos quedó el resultado deseado para combatir la epidemia de sobrepeso, así como paliar los graves problemas de salud derivados de la mala alimentación, como enfermedades por diabetes, hipertensión, gástricas y cardiovasculares en general.
Caso distinto, pero tangencialmente asimilable, lo constituye la reciente prohibición para fumar en prácticamente todos los espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí, desde un escritorio en el gobierno, se decide que quienes, en ejercicio de su libre albedrío, hayan tomado la opción de fumar, no lo puedan hacer en un espacio público que a fin de cuentas es un espacio mantenido por los impuestos de los propios ciudadanos. Ahí, nuevamente, al imponer multas por incumplimiento de la norma se le da una herramienta valiosa a quienes seguramente lucrarán por la correspondiente supervisión. Qué decir de la prohibición para la realización de corridas de toros en la propia capital. Si mi gusto por la tauromaquia es lesivo y bizarro para otros, no me pueden imponer un actuar negativo a mi libre y personal decisión para ver dicho espectáculo.
El problema de núcleo sigue y seguirá vigente si no contamos de inicio con una aplicación estricta de la ley. Sin embargo, esa solución que a veces se antoja inalcanzable en nuestro país a su vez seguirá siendo insuficiente. La vía lustrosa para evitar estos y muchos otros problemas de salud no es que un ajeno venga a predicar para decirnos qué es bueno y qué no lo es en nuestro propio y personal camino. El libre ejercicio de nuestras decisiones y gustos debe entrañar responsabilidad e información; pero a fin de cuentas se debe mantener en el respeto absoluto de una decisión personal, ajena a la imposición pública.