En momentos de incertidumbre suman al desasosiego los apagones recurrentes en una importante parte del país. Pero no solo es una adición a la ansiedad colectiva que se vive por razones del confinamiento en pandemia: es un hondo problema para la continuidad en la actividad productiva de las industrias y comercios, además de que puede significarse en deficiencias en atención médica que precisa del insumo eléctrico para funcionar.
Así, el rezago en la creación de infraestructura de almacenamiento y de producción de vanguardia, la ineficiencia de una empresa estatal del ramo que además de anquilosarse se ahoga en la burocracia y la demanda creciente de la provisión de energía por el gélido clima en el norte del país forman una tormenta en el horizonte.
La complejidad del problema debería reflexionarse desde la inconveniencia que el momento actual propone para la presentación de una iniciativa de reforma legislativa al sector que, a decir de expertos, transita en el sentido contrario a la solución de los problemas planteados y contribuye considerablemente al deterioro de la confianza para la inversión en el país. Sobraría decir que generar dichas condiciones adversas es no solo inoportuno sino suicida.
Sin embargo, alejados de la contaminación ideológica y política, la iniciativa requiere mucho más trabajo en su perfeccionamiento y en su caso así lograr ser viable en lo operativo. Lo anterior podríamos ejemplificarlo con el llamado criterio de despacho económico bajo el cual, ante emergencias en el requerimiento de energía eléctrica como el que experimentamos, se opta por el suministro de centrales que tienen menores costos de producción. Esas son precisamente aquellas que, bajo la actual legislación, cuentan con vías diversificadas de generación con base fundamentalmente en fuentes limpias.
De transitar en el sentido contrario estaríamos paulatinamente encareciendo la producción eléctrica apuntalada en la combustión de recursos no renovables. El gas natural es uno de ellos y constituye un aproximado de 60% del total de insumos para la generación de electricidad en México. La creciente escasez por el estacional incremento en el consumo de dicho producto provoca una demanda al alza y un natural aumento de su precio.
Cuestionamientos
Sin la planeación adecuada para el abastecimiento y almacenaje por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y con una eventual circunstancia de mercado donde los precios del insumo resultan estratosféricos, no es casual que más de cuatro millones y medio de mexicanos hayan resultado afectados por los cortes de electricidad. Es desde ahí donde conviene hacer escenarios futuros y ampliar el análisis sobre lo que la pretendida reforma conlleva.
El fortalecimiento de una empresa de Estado sobre la participación de las compañías privadas es una ruta a contrapelo de la necesaria certeza que se tendría que procurarle a la inversión en estos difíciles momentos de la economía. Sumado a lo anterior tenemos este ejemplo absolutamente actual donde queda claro que la diversificación de las fuentes de generación de energía provee de un panorama más útil y con menores costos ante emergencias, contrario a la vía de la exclusiva producción por vías de la combustión. Y si coronamos el análisis con el cuestionamiento sobre qué tanto es factible apuntalar económicamente a una empresa que arroja saldos negativos y arrastra un problema ancestral de ineficiencia y burocracia, tal vez concluyamos que no habrá presupuesto que alcance para lograrlo.
Pero los problemas ahí están y se manifiestan de diversas formas poniendo a la CFE en el banquillo de la acusación; recordemos el primer apagón de finales de diciembre con un estimado de diez millones de usuarios afectados, traigamos a colación el incendio de la subestación en el sur de la Ciudad de México o tengamos a la vista el rancio conflicto derivado del desahogo de la presa Peñitas en Tabasco a efecto de producir electricidad adicional, hecho que costó vidas y millones.
El conseguir la soberanía energética y el lograr la total rectoría del Estado sobre dicho sector no deben comprometer de forma alguna la eficiencia en el servicio ni el costo final que el usuario paga por el mismo. Es momento de abrir el análisis y dilucidar si existen condiciones, circunstancias y posibilidades para un viraje de timón que nos puede llevar a aguas turbulentas.