Francis Fukuyama, autor de corte hegeliano que saltara con contundencia a la fama como joven politólogo con su obra ¿El fin de la historia?, escribió un artículo de actualidad duradera cuyo contenido valdría la pena retomar en estos días. En enero de 2020, en aquellos momentos previos al cierre por la pandemia, el estadunidense aportó su visión de vanguardia en el escrito How to make internet safe for democracy?, donde diserta sobre cómo el internet en lo general y las redes sociales en específico acaparan el diálogo político y democrático sobre otros medios convencionales de comunicación.
Estamos en esa realidad innegable que indica que las redes sociales vinieron a enraizarse en nuestro modo de vida a tal grado, que el 4 de octubre, por efectos del apagón de varios de estos vehículos digitales, se perdieron miles de millones y se generaron efectos perniciosos a nivel social que incluso llegaron a la manifestación de cuadros de ansiedad en un público mayormente joven. Esa realidad nos empuja a buscar el núcleo de la discusión que en algún momento tendrá que emerger en razón del uso casi generalizado de las redes sociales para soportar nuestro estilo de vivir y comunicar, nuestra economía y, por supuesto, nuestra opinión e influencia sobre asuntos que se ventilan en la discusión pública.
Siempre he sido un creyente de que el ejercicio de la libertad debe ser pleno en cualquier sociedad que se precie de su grado de avance y civilidad. Sin embargo, si bien es cierto que la amplificación que las redes consigue positivos avances para la expresión colectiva y el empoderamiento de voces ocultas y silentes, por igual es verdad que por momentos se convierten en terrenos pantanosos de la desinformación y la discusión polarizante.
Fukuyama se adentra en la equiparación de las principales redes sociales en la actualidad con el esquema oligopólico de las tres más grandes televisoras de Estados Unidos en los sesenta. Su postura prepara el terreno para el análisis en nuestro país; la expresión en libertad de la postura personal por sí misma no puede ser intervenida ni mucho menos censurada por una acción de Estado, ya que en su naturaleza no constituye una afectación al bien colectivo, ni tampoco se encuentra en la arena de la regulación por manifestarse en un vehículo correspondiente al ámbito privado.
Condiciones
En ese hueco de carencia y necesidad entra el campo de la regulación privada de los contenidos por parte de la administración de estas plataformas. Sin embargo, la tensión entre el concepto de lo impropio y lo correcto difícilmente alcanzará un consenso pleno, sobre todo en sociedades con mayor acceso a conectividad e información.
Por lo que toca al caso de la sociedad mexicana siempre ha habido un rechazo sistemático a cualquier intento regulatorio de la libre expresión en las redes sociales. Pero llega el punto donde, al ser estas plataforma soporte no solo de la comunicación en lo general sino además de la actividad económica y la influencia política, se tendrá que buscar un esquema que de ninguna manera coarte el derecho a manifestar puntos de vista, pero que sí provea de mercados diversificados y competitivos entre sí para ampliar el horizonte de expresión y especialización de las redes mismas.
Cualquier Estado democrático de Derecho lleva tatuada la obligación de garantizar a sus gobernados la libertad de comunicación, pero por igual la libertad para decidir ante un panorama amplio de información proveída. Este es un desafío complejo que quizás aún en la cercanía de su análisis ni siquiera Fukuyama hubiera imaginado. La complejidad propuesta por la pandemia y la polarización adquirida por un mundo que diserta de forma activa en el ciberespacio es una influencia permanente para los sistemas políticos y para la democracia misma; de ahí la importancia de generar equilibrios en la balanza para conseguir diálogos inclusivos, respetuosos y constructivos que no se ventilen en el anonimato. La transparencia y la exigencia por la verificación de la información que circula en las redes son por igual condiciones que permiten una mejora que apunta a la construcción de una herramienta útil y segura para la democracia.