Conceptualmente existe un reto para generar un equilibrio entre el entendimiento del ejercicio de consulta popular: ya sea como un empoderamiento de la ciudadanía o como una reafirmación en el ejercicio del poder de mandatarios.
En ambos casos los marcados extremos llevan a la mala concepción de un fanatismo dogmático que no ayuda a una ni a otra postura y, más bien, radicaliza filias y fobias sobre los protagonistas más allá de abrir una discusión amplia sobre los destinos del ejercicio de la democracia. Estimo que es ahí donde debemos centrar el debate sobre las implicaciones que tiene llevar a cabo lo que bien podría significar la instalación en la normalidad de un mecanismo pacífico y civilizado para la generación de contrapesos en el poder mismo.
Hoy por hoy son muchos los países que optan por el tránsito en tal modalidad, además de que bastantes son los ejemplos de naciones latinoamericanas que han conseguido resultados exitosos. Es así que, ya sean plebiscitos, referendos o consultas populares, la democracia sin intermediación parece ganar adeptos en el gusto del ciudadano.
Tal es el caso de México, que parecía mantenerse en el rezago junto a Honduras, República Dominicana y Nicaragua en cuanto a la realización de ejercicios democráticos de esta naturaleza. Es ahora que sumamos tradición a una consulta adicionada a las más de 100 que en los últimos 40 años se han practicado en América.
Casos icónicos han dejado sólidos antecedentes del tema. Aun cuando los ejercicios practicados en 1978 y 1980 fueron una simulación que rayaba en lo cínico, Chile es de aquellos países que pudo despertar el pulso de inmediatez ciudadana en el ejercicio del voto para la definición de rumbos trascendentes. Ya sea que recordemos esas dos ocasiones donde Pinochet arrasaba incontrolable o el ejercicio más antiguo de plebiscito que en 1817 legitimó la independencia chilena de España, se forja una tendencia seguida en Latinoamérica para expresarse en las urnas más allá de la programática electoral para ejercer el sufragio.
Deber
Otros casos han versado con éxito sobre cuestiones cuya implementación definiría nuevos rumbos económicos de la nación. Tal es el caso de Costa Rica, que en 2007 propuso a la ciudadanía manifestar su apoyo o su desacuerdo con el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Casos similares pasan por Panamá, a efectos de generar legitimidad sobre un megaproyecto que ampliara la vía interoceánica. Uruguay, en un esfuerzo democrático diverso a lo económico, se apoyó en estos ejercicios para construir el soporte que llevó a considerar el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Paraguay, por su parte, pudo abrir una vía consistente para la aceptación de los residentes en el extranjero como votantes válidos en las elecciones presidenciales mediante la consulta nacional de 2011. Y qué decir de Colombia, donde en 2016 gracias al impulso ciudadano se pudieron redefinir los acuerdos de paz que pretendían reflejar la voluntad de un mandatario más que la voluntad popular.
Sin embargo, en otro polo existen antecedentes que más tienen que ver con la irremediable tentación de apuntalar una sensación de convalidación construida en una narrativa que personaliza el resultado. Tales son los casos de Venezuela, por supuesto, donde en 2004 Chávez ratificó su estadía en el poder con 58% de votos simpatizantes con la causa. Bolivia es otro caso donde Evo Morales transitó entre el éxito de 2009 con 67% de aprobación a su ratificación, hasta el fracaso de 2016 que lo ubicó en 48% de simpatías.
Pero es de celebrarse que los engranajes finalmente se muevan, aunque hay que reconocer que el camino es largo para conseguir el perfeccionamiento, la atingencia y la efectividad deseada. Apelar al funcionamiento de un sistema democrático en esencia Rousseauniano, en el cual la voluntad popular se expresa idóneamente mediante una mayoría libre y directa, es algo que nos hace bien a los mexicanos. Sin embargo, es deber de todos evitar la contaminación de dicha función ideal con dogmas políticos y distractores de lo que esencialmente debe incentivarse, la agilidad y vanguardia de un sistema de democracia donde el ciudadano sienta el peso real de su decisión.