Es interesante observar cómo en la sustancia del debate público en nuestro país y de algunos analistas extranjeros predominan los lugares comunes de las descalificaciones o de las referencias muy generales respecto de las tareas que desempeñan las Fuerzas Armadas de México, subrayando sobre todo los errores, pero señalando muy poco respecto de la forma en que vienen realizándose provocaciones, daños a instalaciones y afrentas a los símbolos patrios.
Los más recientes hechos en Chilpancingo e Iguala, los días 19 y 24 de febrero, demuestran que de propuesta o de protesta social auténtica nada hay: destruir algunas de las estatuas de los Niños Héroes en la capital de Guerrero me parece que nada tiene que ver con aspectos como la pobreza, la marginación o los hechos de los normalistas de Ayotzinapa.
Como tampoco nada tiene que ver con la petición de justicia el arreamiento de la bandera nacional para exigir justicia.
Al final es muy claro que lo que se pretende es vulnerar o afectar a algunos de los pocos lazos de identidad que nos quedan a los mexicanos.
Contrastan con esas actitudes de vandalismo cívico las acciones que realiza, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional en la Cruzada Nacional Contra el Hambre: a la fecha se han establecido mil 546 comedores comunitarios, atendiendo a poco más de 645 mil 263 personas hasta el mes de enero pasado, lo que equivale a 70% de la cobertura nacional de dicho programa.
Aunque es casi imposible, quienes alientan la violencia y los asaltos a los símbolos patrios debieran enterarse de estos datos.
Prueba
¿Cuál es el verdadero fin de pretender afectar la identidad y aceptación de una institución como el Ejército mexicano, en este caso? En la aplicación de Plan DN-III, para seguir con los programas sociales de la Defensa Nacional se ha atendido mediante 768 acciones a la población afectada en general, destacando los puentes aéreos para Guerrero y Baja California Sur en 2013 y 2014, evacuando a 15 mil 896 personas mediante 708 vuelos.
Los daños causados a cuarteles en Iguala y Chilpancingo solo pueden inscribirse en la tendencia con impulsos deliberados para profundizar el deterioro de la unidad nacional, en torno de la institución mejor calificada por los mexicanos, conforme al estudio publicado en junio de 2014 por el todavía Instituto Federal Electoral y El Colegio de México.
La persistencia en la polarización por parte de los grupos radicales embozados, no obstante los errores y omisiones en los que hayan incurrido los gobiernos locales e instituciones del gobierno federal, debe contar con un proceso gradual y sostenido en la aplicación de la ley.
El mal ejemplo, difundido por los medios de comunicación nacionales e internacionales, no cuenta hasta el momento con una visible actuación de la autoridad. En cambio, sí se han tomado decisiones para acotar y sancionar a funcionarios públicos cuya función primordial ha sido hacer cumplir y aplicar las leyes. Vaya situación.
La legitimación de las instituciones, desde luego, no es resultado de decisiones aplicadas en el corto plazo: tiene que ver con planteamientos de largo aliento que se sustentan en el compromiso social y con la nación.
La fortaleza moral de las Fuerzas Armadas de México está siendo puesta a prueba. Es muy pertinente que desde el ámbito de lo civil y la ciudadanía correspondamos a lo mucho que han aportado para el desarrollo de la democracia.