Los acontecimientos en Jalisco y municipios aledaños de los estados de Colima, Guanajuato y Michoacán se suman a otros escenarios recientes que tienen que ver con una negativa capacidad de los grupos delictivos para generar miedo e incertidumbre, además de violencia y destrucción.
Si adicionamos la conflictividad social en algunas otras partes del país, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la diversidad de escenarios de riesgo debiera motivarnos a encontrar soluciones desde la sociedad y los sistemas de gobiernos locales.
Es una obviedad: sin la participación de los grupos, organizaciones y estructuras sociales, y de los ciudadanos en general, no hay programa, políticas o medidas de las autoridades federales que puedan contrarrestar la acción corrosiva de las prácticas criminales.
También la concurrencia responsable y sistemática de las autoridades municipales y estatales se convierte en el soporte crítico para que la sociedad pueda actuar con mayores niveles de confianza y certidumbre.
El papel protagónico e institucional que llevan las Fuerzas Armadas está llegando a niveles de sobreexigencia y sobreexposición que tampoco están siendo del todo valorados por el conjunto de los sistemas social y político. Ni marco jurídico ni precisión en las labores de apoyo en tareas de seguridad pública se encuentran definidos en cuanto a los gobiernos estatales y municipales se refiere.
Los acontecimientos en Jalisco son una seria y grave evidencia de los límites que institucional y humanamente posibles tienen el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina-Armada de México, y sin embargo siguen de forma constante e inquebrantable en las labores asignadas.
Clave
Para la sociedad mexicana vivir con sobresaltos en cuanto a la seguridad pública se refiere implica un gradual y peligroso proceso de adaptación, hasta convertir en “normal” lo que a todas luces es una evidencia de disfuncionalidad.
Por eso la clave radica en que para contener y revertir la tendencia del deterioro en la vida cotidiana de México es necesaria la participación individual y organizada para hacer del Estado de Derecho el único vehículo de convivencia.
Las democracias bien funcionan cuando la ciudadanía también cumple con sus tareas; de lo contrario, es imposible: en la historia no hay ejemplos de que el cambio social no haya sido encabezado por la sociedad misma; pueden haber mejores o peores propuestas, liderazgos o programas, pero el único ingrediente que no puede faltar es la voluntad nacional para imprimirle sentido, plazos y objetivos al cambio.
México está en un momento crucial de su vida moderna. Lo que queramos hacer de nuestro país, lo haremos por nosotros mismos. Por eso lo vivido en Jalisco en días pasados adquiere una dimensión, que además de la violencia evidenciada, demostró hasta dónde y en qué nivel se encuentra el compromiso de los habitantes afectados para cambiar o rechazar las prácticas criminales.
En pleno proceso electoral, la violencia es el peor ingrediente para hacer de una fiesta cívica, motivo de dolor y miedo; es el momento de exigirles a quienes aspiran a ejercer un cargo de elección popular y de gobierno un compromiso explícito con la ley, la honradez y la vocación de servicio público. Es la única oportunidad que tendremos en los siguientes tres años.
Otra observación: la concurrencia de las autoridades locales es la parte más relevante para que cualquier estrategia de seguridad pública funcione. Ha llegado el momento, parece, de realizar valoraciones serias y a fondo.