El pasado 23 de enero el primer ministro de Francia, Manuel Valls, durante sus varias intervenciones en el Foro de Davos hizo un anuncio que fue seguido de medidas de seguridad en y para toda la Unión Europea la prolongación por otros tres meses del estado de emergencia en todo el territorio francés.
En efecto, como usted recordará el 26 de noviembre a consecuencia de los atentados terroristas en París que causaron 130 muertos, en una decisión que no se adoptaba desde de la guerra en Argelia (1964), se decretó el estado de emergencia por tres meses, mismos que concluirían el 26 de febrero.
Pero ahora Valls anunció que la situación se prolongará otro trimestre y, como en la primera ocasión, la propuesta recibió el apoyo de todas las demás fuerzas políticas: desde el Partido Comunista francés hasta los Republicanos, la principal oposición al presidente François Hollande y que encabeza el ex mandatario Nicolás Sarkozy.
Ese apoyo sin cortapisas ni pretextos le da a la determinación del gobierno galo la legitimidad indispensable para limitar las garantías individuales y algunas otras libertades.
Son cuatro las principales características del estado de emergencia en Francia: la posibilidad de detener e interrogar a sospechosos, sin mandato judicial; la opción de registrar casas o instalaciones donde se perciban elementos que supongan actividades promotoras del terrorismo; limitación de la libertad de manifestación, y por último, restricciones a la circulación de personas y bienes en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas en todo el territorio continental y las provincias de ultramar.
Hasta el momento no se ha dado a conocer que se vayan a ampliar las medidas restrictivas, pero no sería tan sorpresivo que además autoridades de seguridad e inteligencia promuevan el acceso a cuentas de internet, servicios de mensajería y espionaje en teléfonos celulares.
Prueba
Al anuncio de Valls siguió, el 24 de enero, otro de la Europol en Ámsterdam respecto de la creación de un Centro Antiterrorista —con sede en La Haya— dentro de cuyas primeras y fundamentales tareas estará ubicar y vigilar hasta cinco mil activistas radicales que tienen residencia en algún país de la Unión Europea.
Asimismo, en esos mismos días varios gobiernos propusieron endurecer hasta por dos años el Espacio Shengen, que permite la libre circulación de los ciudadanos de los países signantes de dicho acuerdo. Hasta el momento se propuso de manera formal excluir a Grecia del Shengen, pero las negociaciones apenas inician.
Tanto el terrorismo como la violencia extremista de inspiración islámica y la intensa migración a Europa desde países con prolongadas guerras y tremenda desestabilización ponen a prueba una de las conquistas de la humanidad, como son las libertades y garantías individuales.
En México existe la posibilidad de que ante un grave problema se decrete en todo el país o en alguna parte la suspensión de garantías, como lo prevé el primer párrafo del artículo 21 de nuestra Constitución.
Lo que llama la atención del caso francés es, primero, la condición de unánime apoyo a la medida, no obstante el desastre electoral en el que se encuentra el Partido Socialista. Es decir, a los intereses electorales, como es lógico, se anteponen los intereses de la ciudadanía y de la nación.
En este sentido, las condiciones en algunas partes de nuestro país debieran llevarnos a discutir sin alarmismo ni protagonismo esa posibilidad o variante para recuperar la paz social y la vigencia plena del Estado de Derecho.
Mucho podemos hacer desde la sociedad. Por ejemplo: otorgar el indispensable apoyo que requieren las Fuerzas Armadas ante la crónica ineficiencia de las policías locales.