Un domingo electoral retador y de señales encontradas. Uno esperaría que defender el derecho a votar y a ejercerlo en el día de la jornada, cuando se publiquen estas líneas, no es constitutivo de una falta o sujeto a una sanción, ya que de lo que se trata es de defender la institucionalidad y la legalidad de ese proceso electoral.
Ha habido violencia física y verbal aun desde antes de que se iniciara de manera formal el proceso de campañas y de proselitismo. El modelo comunicacional interconstruido en la reforma electoral aprobada en febrero de 2014 ha sido puesto seriamente en cuestión. No puede soslayarse, aunque ahora no falten los olvidadizos y desmemoriados, que muchos legisladores y dirigentes nacionales de los partidos políticos, quienes hoy han puesto en tela de juicio las virtudes y bondades del esquema electoral vigente, son los mismos que aprobaron por mayoría calificada aquellas reformas que iban a garantizar transparencia, certeza, información suficiente al electorado, normalidad, confiabilidad, etcétera, etcétera.
Al día de hoy son esos legisladores federales y esas dirigencias nacionales y sus candidatos, muchos de ellos, quienes anticipan que el tema y el veredicto de sus respectivas elecciones serán resueltos por instancias judiciales y no por los electores porque algo del sistema electoral falló. Esa actitud no es consistente ni es legítima. Esa postura no es defendible ni refleja el debido respeto a la ciudadanía y a los actos propios.
Derecho y obligación
Tampoco es válida la artificial discusión sobre si votar o no votar o cómo no votar simulando que sí se está haciendo. Tuvieron que pasar décadas para que los mexicanos del presente tuvieran a su alcance medios eficaces y eficientes para hacer saber a sus conciudadanos y el poder cuál era su preferencia, de manera regular, observable, verificada, sancionada por propios y extraños.
Al mismo tiempo, no cabe la ingenuidad. Como bien decía José Luis Cebrián, “la democracia no soluciona nada; es condición de todo”.
Es esa democracia precaria y periódica la que puso un dique a la algarada y a la acción política desesperada, fuera de toda norma y marco colectivo de aceptación; para eso sirve la democracia, el delgado límite entre la opción por el voluntarismo y la barbarie y, por otro lado, la civilidad y el asentimiento conciente de pertenencia a una nación y a una ciudadanía de iguales. Una persona, un voto.
Varias entidades del país han sido amenazadas de boicot a las elecciones por parte de organizaciones cuyas demandas van desde la mezquindad y la preservación de privilegios gremiales viciados, hasta la reforma del mundo en su conjunto.
Es su libertad de expresión. Pero la autoridad está obligada a proteger los derechos del ciudadano que justiprecia el valor de su voto. Y es prerrogativa del ciudadano ejercer ese derecho para demostrarle a los que amenazan que son ellos los que representan el pasado bárbaro de México, que ya ha cambiado para beneficio de la inmensa mayoría restante.
Cito encuestas, en pleno día de la jornada electoral, sin incurrir en falta: contrariamente a lo que muchos han pronosticado y promovido, la previsión de concurrencia a las urnas es de 55% del listado nominal, diez puntos porcentuales arriba de la participación alcanzada en la elección federal intermedia de 2009.
Hay muchos mexicanos que no se van a dejar intimidar ni con argumentaciones falaces ni por pretensiones absurdas del México más primitivo y que este 7 de junio sabrán decirle a los violentos y a los derrotistas: aquí estoy para ejercer un derecho y una obligación.