Comienza la semana previa a las elecciones del próximo 7 de junio. En cuanto a calidad de las campañas y sus elementos contextuales, sin que sea prematuro, ya se puede hacer un balance inicial.
La elección federal intermedia propiamente dicha, esto es, los comicios por los que se decidirá la integración de la Cámara de Diputados federal y de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, han despertado poco interés y los candidatos en su inmensa mayoría han sido incapaces de transmitir a la opinión pública un sentido de importancia y trascendencia a la emisión y sentido de su voto. Subjetivamente, esto parecería responder al desprestigio aunado a la incomprensión masiva de la gestión legislativa.
Objetivamente, en un juicio por definición minoritario, la continuidad de un Senado cuya composición no se modifica, en un sistema bicameral, hace ocioso generarse expectativas sobre la renovación de la cámara baja.
En 17 estados habrá elecciones también para Congresos locales y presidencias municipales. Estas últimas, en particular, llegan a despertar intenso ánimo social dada la cercanía de las autoridades con la gente. Presidencias municipales muy importantes estarán en juego y sus resultados, contrariamente al desinterés que le producen a muchos analistas, son más significativos como indicio y tendencia de lo que puede pasar en 2018 que la votación por diputados federales. Ejemplos sobran y deberían merecer mucha atención.
Por citar alguno de ellos, están las alcaldías de Guadalajara, Hermosillo, León, Mérida, Monterrey y San Pedro Garza. Van de por medio mucho poder, exposición mediática y dinero.
Gubernaturas
Para la opinión pública el eje de este proceso electoral ha sido la elección para gobernadores en nueve estados de la Federación. A excepción de los casos de Baja California Sur y Campeche, que parecerían estar resueltos de antemano (no digo por qué partidos, para no arriesgarme a ser acusado de proselitismo), las otras siete contiendas parecen estar muy competidas con resultados que presentarán ventajas de menos de cinco puntos porcentuales del primero sobre el segundo lugar. Esas gubernaturas en juego han ocupado el mayor esfuerzo de las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y PVEM. Todavía Morena no ingresa a esa categoría de competencia.
Será tan reñida la lucha y precedida de tantos agravios, que se puede esperar un largo proceso poselectoral de litigios, quejas, impugnaciones e inconformidades ante las instancias judiciales.
Al igual que las presidencias municipales importantes, las gubernaturas y sus resultados serán también un presagio firme de tendencias electorales hacía 2018. De ahí la rispidez de las campañas, cuando además ya hay quienes se han apuntado por sí mismos o por interpósitas personas como candidatos presidenciales en 2018. Aunque a muchos no les guste, esa es una realidad en marcha.
Llegamos al final del proceso con una legislación electoral duramente cuestionada y sujeta a múltiples interpretaciones casuísticas, vicio grave y debilidad principal en un sistema jurídico de Derecho escrito, donde prevalece la incertidumbre de actores y ciudadanos respecto de lo que es permisible y lo que no.
Más allá de personalizaciones de dudosa calidad de desempeño, el marco normativo que ha regido esta elección está agotado. La discusión de su reforma y, sobre todo, del sentido de dicha reforma en cuanto a simplificación o mayor enredo, debe empezar el mismo 8 de junio, de preferencia temprano. Se acaba el tiempo y la elección presidencial está a la vuelta de la esquina.