Finalmente, el Pacto por México acordó o cedió, como quiera verse, para abordar la reforma político-electoral que exigían PAN y PRD.
La moneda de cambio es, esperemos, un cierto grado de consenso en torno de una reforma energética de avanzada que ponga a México a la altura de la actualidad mundial.
Esa reforma político-electoral abarca siete temas: número 1, candidaturas independientes, ciudadanas y consulta popular; número 2, ley general de partidos; número 3, reforma electoral; número 4, legislación única sobre el Instituto Nacional Electoral; número 5, reforma al régimen político y del gobierno; número 6, reforma del Distrito Federal; número 7, pendientes importantes en el Poder Legislativo.
Da la apariencia de ser un menú muy abierto. Sin embargo, no hay que olvidar que en Derecho Constitucional todo está vinculado con todo y así como lo que se legisle sobre una ley de partidos incidirá en la materia electoral, la reglamentación de la consulta popular afectará lo que se decida en lo relativo a régimen político.
¿Hasta dónde van a llegar? Veremos cuál es, sobre todo, el margen de maniobra del PRI en el Pacto y en el Congreso.
Facturas
Son demasiados temas interrelacionados para abordarlos solo en un artículo. El espacio es limitado, mientras que las fantasías constitucionales e institucionales pueden ser infinitas. Todos los temas son preocupantes. A primera vista, dos de ellos: consulta popular y régimen político.
La consulta popular es un viejo reclamo de las izquierdas en la época en que eran, valga la paradoja, abrumadoras minorías parlamentarias. Conforme fueron creciendo en su presencia legislativa, arraigó y se fortaleció el atávico reclamo. A eso hay que sumarle la desconfianza interconstruida de las izquierdas respecto de la representación y de la representatividad del Congreso.
Esto es, lo que las izquierdas no pueden conseguir a pesar de su importante número en su falta de mayoría absoluta, se pretende conseguir en las calles, cuando es precisamente en las calles donde la gente votó y depositó su boleta para elegir representantes.
Alega que hay cuestiones más fundamentales que otras, como por ejemplo el petróleo. Esos mismos que reclaman y demandan consultas populares para decidir sobre el petróleo, desde sus curules y escaños votaron piezas legislativas que, todo indica, para ellos no son fundamentales, como las reformas constitucionales en educación o telecomunicaciones. Quieren consultas populares temáticamente a capricho e inducidas. Eso no es democracia. Es lucro con la ignorancia o cobro de facturas clientelares.
Lo del régimen político es peor. Lo que se pretende es una segunda vuelta electoral en la que si uno o varios candidatos no pudieron ganarle a uno en concreto, pues quizá todos juntos lo consigan en una segunda vuelta, para llegar a un gobierno sin fisonomía propia y en el que hay cabida para toda ocurrencia y ninguna definición política.
¿Qué quieren? ¿Gobiernos de parlamentarismo puro o de coaliciones como los que han llevado a la catástrofe a Grecia o España y tienen sumidos a prácticamente toda Europa occidental en la confusión? Valórenlo.