Enorme revuelo mediático ha generado el Informe de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos Independientes sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Lo de Interdisciplinaria se puede poner en duda, también lo de expertos y, cabe preguntarse, independientes, ¿de quién?
Sin duda, entre la “verdad histórica” del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y la investigación de la Comisión (CIEGI) hay discrepancias. Y las discrepancias epistemológicamente se pueden conciliar. El único dato realmente contradictorio es el aportado por el presunto experto peruano, el profesor Torero, respecto de que no es posible que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.
A lo anterior habría que agregar el agrandar el hecho de que la investigación de la PGR hablaba de cuatro autobuses secuestrados por los estudiantes y que la investigación habla de un quinto autobús. Cuatro, cinco, seis o diez autobuses no modifican en nada la presunción inicial de todos los políticamente incorrectos: había un cargamento de enervantes en uno de los autobuses secuestrados, lo que determinó la ferocidad y la violencia de los cuerpos policiacos de Iguala y Cocula, coludidos —o parte de ellos— de la banda Guerreros Unidos, dedicados al procesamiento de heroína.
Es así de sencillo. A dos meses de los hechos, cuando Murillo Karam rindió cuentas de la investigación, son los elementos con los que se contaban. La información proporcionada por el entonces procurador sin duda puede haber estado incompleta, pero no era falsa. Se trataba de la investigación judicial más exhaustiva realizada por el gobierno de la República en las últimas décadas. Si todos los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa o solo una parte de ellos fueron incinerados en Cocula después de haber sido asesinados, es un dato marginal, casi irrelevante. Después, las autoridades cometieron errores que ahora hay que rectificar. ¿Cuáles?
Yerros
Uno de ellos fue no haber resistido a la presión de grupos anárquicos para la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se trataba de politizar el problema y ya lo consiguieron. Otro error es el haber desestimado desde el principio el perfil delincuencial de las víctimas, lo que llevó a que se trasladara un caso grotesco de tráfico de enervantes a un problema de Estado. Otro error fue dejar de lado la incompetencia, en suaves palabras, del gobernador de Guerrero. Otro más fue no esclarecer a qué diablos fueron y quién los organizó para que, en vez de ir a Chilpancingo, a donde se suponen que iban, se fueran a Iguala, a 125 kilómetros de distancia. Son muchos errores y deficiencias.
Lo anterior no cambia lo fundamental: un grupo de normalistas rurales, de primer ingreso, fueron involucrados en conciencia, en inconciencia o por la fuerza, en un episodio mayor de enfrentamiento entre bandas rivales de traficantes. No “fue el Estado”. Ni “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”. Esa sí es una mentira histórica.
Como se diría en los tiempos de Nixon, la mayoría silenciosa, los políticamente incorrectos, confiamos en que el Estado mexicano concilie todas las discrepancias y rechace todas las insinuaciones de un grupo político que no se atreve a confesar sus intenciones.