Independientemente de algunos buenos resultados en la prestación de bienes y servicios por parte del Gobierno del Distrito Federal, el Primer Informe de su jefe en turno tiene que analizarse en un contexto que en el balance público le es adverso.
Desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, después de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, todos los jefes del GDF han sostenido que en la capital del país no opera el crimen organizado.
En primer lugar, habría que matizar. En 16 años de gobiernos del PRD, en la Ciudad de México ha ocurrido cualquier cantidad de secuestros y robos de bandas organizadas que son eso: crimen organizado.
Al hijo de Alejandro Martí o a la hija de Nelson Vargas no los asesinaron criminales solitarios.
En segundo lugar, si los grandes cárteles del tráfico de enervantes no se expresan con toda su violencia en el Distrito Federal es porque su tamaño y población, de entrada, significan un santuario seguro; y eso no siempre. Habría que estudiar con todo cuidado el papel que juega el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la cadena de tránsito de los grandes cárteles. Baste recordar los graves incidentes ocurridos entre cárteles y entre policías federales en los alrededores y dentro del aeropuerto.
En tercer lugar, las autoridades del Distrito Federal argumentan que en su demarcación solo hay tráfico a pequeña escala y dicen saber de la ubicación de más de mil puntos de venta. Si esto último es cierto, ¿por qué no actúan? Pero si fuese verdad desafían a nuestra inteligencia, porque el traficante a pequeña escala no brota de la nada: se abastece del crimen organizado y es crimen organizado.
El mejor ejemplo es el caso del bar Heaven, que en mayo pasado implicó el secuestro y asesinato de 13 personas cuyo desenlace la Jefatura del GDF no pudo resolver, si no hubiera sido por la intervención de la Procuraduría General de la República. Sobre este tema no habló Miguel Ángel Mancera en su informe.
Lejos
Asimismo, en la Ciudad de México cualquier grupo de delincuentes de más de 25 personas que actúan juntas se convierte en organización y lucha social; es decir, intocables.
La ciudad ha estado sitiada por las secciones 22 y 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin causa aparente, porque su demanda original, su rechazo a la reforma del 3 y 73 constitucionales, es cosa juzgada y promulgada en el Diario Oficial.
Mancera alega que se trata de un problema nacional y no local. Supongamos que fuese cierto. Cuando aspiró a la candidatura a jefe de Gobierno del Distrito Federal y la logró, ¿no sabía que la capital es la sede de los tres Poderes de la Unión? ¿Que en el Distrito Federal se dirimen en gran medida los problemas nacionales? ¿Y que el papel de la Jefatura de Gobierno es coadyuvar con el gobierno federal a la gobernabilidad del territorio que se supone gobierna?
No es con omisiones ni abdicando de responsabilidades como el jefe del GDF habrá de convencer al Congreso de la Unión y a la ciudadanía del Distrito Federal de que se apruebe una reforma política que ampliaría los recursos y derechos de las autoridades locales y solo de ellas. El conflicto magisterial alejó dramáticamente la posibilidad de esa reforma.