UN INFIERNO COTIDIANO EN MÉXICO

Katia D'Artigues
Columnas
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Apenas el 22 de septiembre pasado, en una conferencia de prensa mañanera, el canciller Marcelo Ebrard levantó indignado la voz por el caso denunciado por una organización de la sociedad civil estadunidense, Project South, de hasta ese momento seis mujeres migrantes mexicanas que podrían haber sido esterilizadas contra su voluntad.

“Es algo inaceptable que rechazamos de antemano, aun sin tener toda la información confirmada (...) Si se confirma es un asunto mayúsculo que debe sancionarse y tomarse medidas”, dijo. Pero, ¿qué pensaría usted si le digo que desde 2000 prácticas de esterilización forzada en mujeres se denuncian en México y hasta ahora, como dice el clásico, “nadie hace nada”?

Disability Rights International (DRI), organización global que trabaja para promover los derechos humanos de las personas con discapacidad en el mundo, lanzó esta semana un reporte que debe escandalizarnos. Documenta cotidianos abusos sexuales, esterilización forzada, sujeción física y química contra su voluntad que sufren niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en lugares donde el ojo de la supervisión del Estado falla desde hace décadas: orfanatos, casas hogar, hospitales siquiátricos. Se llama Crímenes contra la humanidad: décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas hacia niños, niñas y adultos con discapacidad y lo puede leer en http://bit.ly/crimenesdelesa.

“No puedo proteger a las mujeres de ser violadas por trabajadores que vienen a las instalaciones, así que las esterilizamos a todas”, fue una de las declaraciones que dio a Eric Rosenthal, director ejecutivo de la organización, el encargado de Casa Esperanza, una casa hogar privada que recibía fondos públicos. Estaba en la Ciudad de México y cerró por denuncias en 2015. El caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 y está en proceso de admisión.

Casa Esperanza es solo una de seis instituciones donde de manera rutinaria se esterilizan mujeres o donde son violadas de manera regular por personal masculino y a veces “compensadas” con cigarros o dinero. Incluye centros a cargo de las autoridades, como el caso de CAIS Cascada, del gobierno de la Ciudad de México.

El informe está hecho con testimonios de víctimas, sobrevivientes, colaboradores, excolaboradores, voluntarios y, por supuesto, directivos y autoridades de 55 centros en once estados del país.

No es solo esterilización forzada y abuso sexual. También se documentan prácticas comunes de sujeción forzada o química, lobotomías (en Yucatán sigue siendo legal, por ejemplo), terapia electroconvulsiva hecha sin anestesia o relajantes musculares (en un caso hasta por venganza del director de un siquiátrico en Tabasco que se equipara a tortura), el uso de cuartos de aislamiento por tiempo prolongado (hasta cuatro meses para un adulto con discapacidad intelectual), uso y trabajo forzado sin remuneración, entre otras.

¿Crímenes de lesa humanidad?

DRI elaboró informes que documentan una situación parecida a un infierno en México: el uso de prácticas medievales que son a todas luces contrarias a derechos humanos desde hace ¡20 años! Ha hecho informes muy parecidos donde las prácticas no cambian en 2000, 2010, 2015 y este año.

En una presentación del informe hecha este lunes, donde también participó Juan E. Méndez (el exrelator contra la tortura de la ONU que en el sexenio pasado osó decir, ante la indignación del gobierno, que la tortura en México era “generalizada”), DRI señaló que ante las reiteradas negativas de cambio buscará a qué instancias internacionales acudir para lograr que esto cambie. A ver si Ebrard se indigna igual...

Por supuesto que el informe se entregará a la ONU, ante el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, y no dudo que vendrá una recomendación, dura, cuando se haga la evaluación de cómo nuestro país (no) ha cumplido la convención que promovió ante el mundo y firmó y ratificó hace ya doce años.

La puerta también estaría abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quizá luego la Corte Penal Internacional (aunque tarde mucho).

Pero en la búsqueda de que el gobierno mexicano haga los cambios necesarios se analiza si cabe acusar al país, al Estado, por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. El delito sí se preconfiguraría, porque tras 20 años de denuncias se configuraría un ataque contra una población civil sistemático, intencional, donde se documentan tortura, privación de la libertad grave, violación sexual y esterilización forzada.

El único “pero”, que no es menor, es que la Corte Penal está diseñada para castigar responsabilidades individuales y no estatales.