Fue en 2016 cuando Daniela Ancira, cofundadora y directora general de La Cana, pisó por primera vez una prisión. “Mientras estudiábamos la carrera de Derecho nos llevaron al penal de Barrientos, como parte de una clase de Derecho Penal. Entonces tuvimos oportunidad de conocer un reclusorio, pero también nos dimos cuenta de las carencias y problemas que enfrenta el sistema penitenciario en el país”.
De ahí que La Cana surgiera como “un proyecto que busca crear oportunidades de trabajo para mujeres privadas de su libertad, a fin de promoverles un proceso de reinserción funcional que a la vez contribuya a reducir los índices de reincidencia y delincuencia en el país”, explica en entrevista con Vértigo.
A través de la plática la joven abogada y emprendedora comparte su concepto de libertad, además de exponer los retos que implica llevar a cabo un proyecto social dentro de un sistema penitenciario deficiente.
—¿Para usted qué es la libertad?
—La libertad no es nada físico, es algo que se lleva adentro, es un estado de ánimo. Porque yo en la cárcel he conocido a gente que es mucho más libre que gente que conozco afuera. Es el cómo ves y llevas tu día a día, el cómo decides vivir tu vida. Más allá de si te encuentras en prisión o las circunstancias en las que te encuentres. Para mí la libertad es una actitud.
—¿Es difícil defender la libertad económica o productiva de las personas que están en prisión para que no reincidan?
—Conlleva muchos retos, que implican desde trabajar con ellas hasta poder vender los productos que realizan (muñecos de tejido). La realidad es que muchas de estas mujeres han sido víctimas de violencia física, emocional, sexual… ya sea por sus familiares o por su pareja. Hay mujeres a quienes toda su vida les han dicho que no sirven para nada o que no lograrán nada en la vida. En La Cana tenemos varias áreas de atención, una de ellas es la de salud mental: nos preocupamos no solamente porque aprendan a tejer o a bordar sino que también es muy importante que desarrollen confianza en sí mismas y sepan que pueden construir un proyecto de vida distinto.
En la cárcel, dice Ancira, “las personas deben pagar por absolutamente todo; entonces, al no haber fuentes de ingreso dentro de la prisión, al menos no legales, la gente seguía recurriendo a la delincuencia como forma de vida. De ahí que otro gran reto sea lograr que la población en general sea empática con estas mujeres. Y si no se quiere empatizar con las historias de por qué estas mujeres acabaron en prisión, sí tenemos que empatizar con el hecho de que estas personas eventualmente van a salir de la cárcel. Entonces ¿a quién quieres en las calles: a una persona maltratada que va a salir con más resentimiento y que no aprendió nada nuevo, o a una persona que logró transformar el rumbo de su vida y salió a contribuir de manera positiva a la sociedad?”
—¿Actualmente cómo está legislado el trabajo penitenciario?
—Tenemos estándares muy generales, sobre todo en la legislación internacional. Por ejemplo, las reglas Mandela nos dicen que el trabajo en las cárceles no debe ser aflictivo, ni forzoso, se debe ganar en lo posible similar al trabajo desarrollado afuera. En el país tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, que reconoce las distintas fuentes de trabajo en reclusión, ya sea autoempleo o trabajo por medio de terceros o lo que llaman socios industriales. Pero realmente no hay reglas específicas sobre el trabajo penitenciario. Y te doy más ejemplos: primero, si es una relación laboral, ¿quién es el patrón: el empresario o el penal? ¿Cuándo termina la relación de trabajo: cuando se extingue la pena o cuando sale la persona de prisión? Cuestiones de cómo se entera, a quién le pide trabajo, qué personas deben de estar en qué trabajo, mecanismos para proteger sus derechos laborales… no existen. Incluso hemos visto en lo que llevamos trabajando en los penales que empresas dentro de la prisión tienen a gente trabajando todo el día y les pagan 30 o 40 pesos al mes. Es decir, no existen mecanismos de vigilancia ni de protección en este sentido. De ahí que el área de políticas públicas de La Cana presentó, poco antes de la pandemia por Covid-19, una iniciativa ante el Senado de la República de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que se incluya el tema de derechos laborales de las personas que están en prisión.
—¿Qué otros retos enfrenta el sistema penitenciario en el país?
—Creo que en general hay un tema de corrupción y de ingobernabilidad dentro de las cárceles mexicanas. La realidad es que las autoridades no tienen control al interior de los penales. Los que mandan son los internos. No podemos hablar de derechos laborales ni de ningún otro tipo de derechos si antes no controlamos lo que pasa al interior. Se necesita invertir mucho en el sistema penitenciario para lograr gobernar las cárceles y a partir de eso comenzar a hablar de trabajo penitenciario, de salud mental, de espacios dignos y de un sistema penitenciario con perspectiva de género.
—¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrentan para llevar a cabo su labor?
—Al principio nuestro miedo fue que nadie iba a querer comprar nuestros productos. De hecho le pusimos La Cana porque poca gente sabe que “la cana” es la cárcel: solo la gente que está en el medio lo sabe. Pero luego nos dimos cuenta de que la gente empatizó muy bien con la causa: les gusta y la apoyan.
Otro reto es “ganarte la confianza de estas mujeres. Muchas de ellas piensan: ‘Por qué querrían ayudarme, seguramente quieren abusar de mí’. Otro factor es inculcarles la disciplina y la calidad en el trabajo que realizan. Para muchas este es su primer trabajo formal y remunerado, pero de repente llegas a prisión y la persona que tenía que realizar el trabajo no lo hizo porque resulta que cayó en una depresión terrible, porque justo le dieron una condena de 50 años. Entonces no tuvo el ánimo de pararse de su cama a trabajar”.
Ahora mismo debido al confinamiento sanitario la dinámica sin duda ha cambiado: “Los programas y talleres los estamos haciendo a distancia; ellas siguen trabajando; trabajamos a través de las custodias para entregar y recoger material y productos. Dentro del penal se vive con mucha preocupación, porque son mujeres que viven en pésimas condiciones de higiene y de hacinamiento. La tensión es mucho más fuerte”.
RECUADRO
Perfil
Daniela Ancira es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México. Es cofundadora y directora general de La Cana. Es integrante del Grupo Técnico de Trabajo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito para crear los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario. En el ámbito privado ha trabajado en diversos despachos sobre temas de Derecho Civil y Mercantil, Corporativo y Propiedad Intelectual. En 2018 fue nombrada Ciudadana del Año por Grupo Salinas.