María de la Luz Estrada, feminista, activista, coordinadora del área de Violencia de Género y Derechos Humanos de Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, platica en entrevista sobre las cifras que dejó este delito en 2020 y la perspectiva sobre las políticas públicas en torno de la violencia de género para este año.
—¿Cuál fue la situación que se registró en 2020 respecto de los feminicidios en México?
—De acuerdo con las fiscalías de enero a agosto de 2020 desaparecieron cinco mil 223 mujeres en doce estados del país. De estas 48% son menores; es decir, casi dos mil 530 niñas o adolescentes. Eso habla de un contexto de trata. Otra cosa que nos preocupa es que en más de mil casos siguen sin encontrarlas, lo cual es grave porque cualquier desaparición de una mujer puede culminar con un delito como la trata o el propio feminicidio, que puede estar vinculado a la trata o no. Esos son los dos escenarios.
Estos delitos, añade, “no han disminuido: el país cerró 2020 prácticamente con el mismo número de casos que en 2019. Las entidades con mayor número de desapariciones son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Morelos, Chihuahua, Colima, Puebla, Campeche, Sinaloa, Zacatecas y Michoacán”.
Otra cuestión es “que los estados tienen mucha resistencia a acreditar el delito a pesar de que cuentan con protocolos y un tipo penal. La información que se tiene es que de enero a octubre de 2020 se cometieron tres mil 185 asesinatos de mujeres y 23% —unos 801— se investiga como feminicidio. Es verdad que se inicia investigando como feminicidio pero eso no significa que pueda concluir o vincularse como tal o que al final el Poder Judicial no los reclasifique como homicidio”.
—¿Qué es lo más urgente por atender en este tema?
—Falta que se evalúen las acciones para contener la violencia de género. Las evaluaciones se hacen pero se realizan no pidiendo resultados. Entonces hasta hoy, a dos años del nuevo gobierno, no se han podido generar esas evaluaciones de resultados medidos que permitan evidenciar a la autoridad. Está muy bien que se hayan creado protocolos, unidades y fiscalías especializadas, pero algunas no funcionan. Con esta evaluación de resultados medidos veríamos dónde están las áreas de oportunidad para que los estados en verdad apliquen acciones, porque a mí me preocupa mucho que siempre estamos en contexto electoral y que este acaba paralizando cualquier acción.
Expectativa
—¿Cuál es la perspectiva para 2021 sobre este tema?
—Me parece que la perspectiva para este año es tener la claridad de los más de 300 municipios con alerta de género, es decir, tener la radiografía de dónde siguen ocurriendo las violaciones a la integridad de las mujeres. También debemos tener claros cuáles son los modelos de intervención de movilidad segura, de zonas seguras y dónde funcionan. Esto es muy importante para que se puedan inhibir los delitos.
La violencia contra las mujeres, puntualiza Estrada, “tiene que ver con un tema de discriminación donde debe haber políticas mucho más finas en el combate: no lo reduzcamos a un problema de pérdida de valores, porque entonces me parece que es no entender que la violencia contra las mujeres tiene que ver con todo un tema estructural de abuso del poder, de considerar a las mujeres no sujetas de derecho. Así lo percibe la delincuencia organizada, que ve (a las mujeres) como basura, como cuerpos comerciales para venderlos y explotarlos sexualmente. Me parece que los gobiernos federal y estatales tienen muchos retos, que no podemos reducir al feminicidio solo a un tema del Poder Judicial sino que también tienen que verlo como un tema de prevención del delito: se necesita una política integral para ver dónde siguen existiendo fallas”.