El acuerdo logrado entre Estados Unidos y México para detener la imposición de aranceles a nuestro país es visto por muchos como un agridulce triunfo. Si bien se desactivó la amenaza inmediata nuestro gobierno se comprometió a un periodo de prueba de 45 días para satisfacer las demandas de la obsesión migratoria del presidente estadunidense, Donald Trump. De lo contrario México tendrá que aceptar lo que siempre ha sido verdadero objetivo del inquilino de la Casa Blanca: que nos volvamos un “tercer país seguro”.
La idea del “tercer país seguro” surgió a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951. El concepto estipula que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que pueda darle las mismas atenciones. Pero existen condiciones mínimas que cumplir para ser considerado en esta categoría, como no devolver a los solicitantes de asilo a su país de origen y garantizar el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación. Y es ahí donde el debate nacional tendría que volcarse para evaluar nuestras capacidades reales de ser un “tercer país seguro”.
Pero la intención norteamericana de que México alivie la carga migratoria no es nueva. El término lo introdujo por primera vez la antigua secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en mayo de 2018 tras la llegada de la primera caravana migrante a la frontera sur estadunidense. También se incluyó en la ley denominada Asegurando el futuro de EU, que rechazó la Cámara de Representantes en junio del mismo año por un muy estrecho margen de votación. Pero desde entonces la idea comenzó a gestarse, hasta colocarse al centro de la actual política migratoria de Trump.
Inicio
El debate no es meramente semántico. Una aceptación de este estatus por parte del gobierno mexicano traerá consigo implicaciones económicas, políticas y sociales que podrían colapsar el sistema de atención a migrantes.
Por ejemplo: tan solo en 2018 la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) recibió 29 mil 600 solicitudes de refugio, el número más alto registrado en un solo año; 80% aún espera respuesta debido a la falta de recursos. Y aunque el número de solicitudes aumentó 102% con respecto de 2017 y sigue en alza, el presupuesto de este año se redujo en casi cinco millones de pesos, ubicándose como el más bajo en los últimos siete años.
A pesar de las evidentes señales del conflicto que se aproximaba México no logró establecer un sistema que pudiera responder a una crisis migratoria que estallaría en cualquier instante.
Ahora estamos ante uno de los momentos más tensos en las relaciones entre EU y México en décadas. Y esta podría ser la verdadera prueba para el gobierno mexicano: decidir si cede ante el chantaje arancelario del neoyorquino o desestimar sus amenazas bajo el contexto electoral de las presidenciales estadunidenses de 2020. De cualquier manera la crisis migratoria apenas comienza.