Un periodo extraordinario de sesiones del Congreso debería servir para aprobar leyes excepcionales, urgentes, ya discutidas y analizadas, que no pueden esperar a un periodo ordinario. Lo que vimos en el extraordinario del Congreso de la Unión que empezó el pasado 23 de junio y se clausuró formalmente el martes 1 de julio, un día antes de la fecha programada, no tuvo nada que ver con ese ideal.
En apenas ocho días naturales se aprobaron en las dos cámaras un total de 16 leyes nuevas o enmendadas. Las sesiones empezaron sin que se conocieran las iniciativas, las cuales se fueron presentando día con día, muchas ya tarde, en la noche, para ser aprobadas a la mañana siguiente por la vía rápida.
Nunca se supo si los funcionarios del Ejecutivo estaban terminando estas iniciativas a marchas forzadas o si lo que quería el gobierno es que se votaran sin permitir que los legisladores las leyeran.
De hecho, la diputada morenista Olga Leticia Chávez Rojas descalificó a los legisladores de oposición por quejarse de no tener tiempo para analizar las iniciativas y dijo que tenían que hacer lo que ella: usar la Inteligencia Artificial (IA) para obtener resúmenes.
Varias de las iniciativas otorgan al Estado mayores facultades de vigilancia y control sobre la población. Es el caso de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal (la parte del lavadode dinero), la Ley de Desaparición Forzada, la Ley General de Población, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras.
Se creó una identificación oficial, una nueva CURP, con información personal y biométrica, obligatoria para todos los mexicanos, que no podremos realizar ningún trámite sin ella. Para contratar una línea telefónica, por ejemplo, será indispensable presentarla. Las compañías telefónicas tendrán obligación de mantener un padrón de usuarios con toda su información personal y biométrica, y deberán entregar esta información, e incluso localización de GPS en tiempo real, a las autoridades.
Actitud
Es lógico que estas medidas generen temor de que viviremos en un Estado policial. La presidenta Claudia Sheinbaum y el director de la Agencia de Transformación Digital, Pepe Merino, quien diseñó el sistema, dicen que las medidas solo se aplicarán cuando haya una orden de un juez. El artículo 183 de la Ley de Telecomunicaciones, sin embargo, no lo especifica: solo dice que se atendrán a las leyes vigentes.
No han faltado comentarios que señalan que los nuevos jueces, que ya no serán independientes, otorgarán cualquier petición a una Guardia Nacional completamente militarizada.
En la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión el gobierno aceptó eliminar algunos abusos de la iniciativa original, presentada en abril, pero se mantienen otros. El gobierno, por ejemplo, obligará a periodistas y comunicadores a distinguir entre información y opinión. Mantiene también la facultad de suspender transmisiones, ahora después de una primera advertencia, y cancelar concesiones de radio y televisión por razones de “interés público”.
Las 16 iniciativas aprobadas a marchas forzadas en este extraordinario quizá tengan algunos aspectos positivos. Podrían, por ejemplo, ayudar a combatir el crimen y la violencia. El problema es que la insistencia del gobierno de aprobarlas en unos cuantos días, sin análisis adecuados, revela una actitud autoritaria.