La historia de la Ley de Amparo en México data de 1841: un total de 184 años en los que ha tenido como objetivo primordial servir a la ciudadanía como elementos de defensa, originariamente de sus derechos fundamentales.
En el pasado reciente se ha cuestionado la valía y aporte jurídico de la Ley de Amparo, pero lo cierto es que a lo largo de casi dos siglos de vigencia ha sido de probada utilidad social.
En esencia, el juicio de amparo garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la Constitución, por lo que se considera un mecanismo que defiende a la ciudadanía ante abusos de poder, errores judiciales y violaciones a sus garantías fundamentales. Sus alcances son múltiples y amplios: aplica en los ámbitos penal, administrativo, civil, mercantil y laboral.
Todos debieran en principio comprender y asimilar sus alcances, pero es un proceso cuyo desarrollo se ha generalizado de manera errónea: en principio hay que apreciar que se trata de un juicio que de acuerdo a lo establecido al momento solo protege a quien lo promueve o interpone.
Tiene varias etapas. La primera es la expedición en automático de una suspensión provisional o temporal que se otorga por parte del juez en el momento en que se recibe la solicitud de amparo.
Enseguida, tras analizar el caso, se puede otorgar una suspensión definitiva que da paso al desarrollo del juicio de amparo, en el que las partes involucradas pueden aportar los elementos que crean convenientes, incluidas las pruebas supervenientes.
Finalmente, el juez que conoce el caso resuelve si otorga o no el amparo.
Sin embargo, hay casos en los que el juicio de amparo se prolonga por un tiempo indefinido a partir de las apelaciones que pueden ejercer las parte involucradas, lo que deja en claro que el proceso en general se ha perfeccionado con el paso de los años.
1841
En términos generales, el juicio de amparo es una herramienta que tiene como finalidad proteger los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos cuando son vulnerados por actos u omisiones de alguna autoridad.
Representa una salvaguarda frente a abusos del poder, ya sea por parte de funcionarios públicos, organismos autónomos o tribunales.
El juicio de amparo está consagrado en los artículos 103 y 107 de la Constitución.
Básicamente existen dos tipos, el amparo directo y el indirecto, con sus respectivos procedimientos, autoridades competentes y supuestos de procedencia.
De acuerdo a los registros históricos Mariano Otero fue el promotor del juicio de amparo en el plano federal: como resultado de su detención el 3 de mayo de 1843, acusado de promover una revolución, junto con Mariano Riva Palacio y José María Lafragua, Otero apreció irregularidades en el proceso, por lo que configuró la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos ante la autoridad a través del juicio de amparo.
Posteriormente, como diputado federal, emitió en 1842 un voto particular contra el centralismo y el 5 de abril de 1847 presentó el Acta Constitutiva y de Reformas, antecedente de la Constitución de la República Mexicana de 1857, en la que se introdujeron las garantías individuales y el juicio de amparo.
Sin embargo, en el ámbito estatal previamente existió el amparo como una figura de control en la Constitución de Yucatán de 1841. Ello mediante la creación de un instrumento de protección de derechos humanos denominado juicio de amparo contra cualquier afectación producida por el actuar indebido de una autoridad.
Las aportaciones de la Constitución yucateca se atribuyen al jurista y político Manuel Crescencio Rejón: la incorporación de un catálogo de derechos humanos y la instauración del juicio de amparo como medio de protección de tales derechos.
Por ello, hay que tener claro que desde la década de 1840 la ciudadanía ha tenido al amparo como una medida para impugnar cualquier acto de autoridad que se considere violatorio de sus garantías.
A lo largo de más siglo y medio de historia se han registrado diversos cambios en la Ley de Amparo, pero los legisladores han tratado de respetar en esencia el espíritu del Constituyente.