Desde el 1 de octubre Estados Unidos vive un shutdown federal. Entra en su sexto día con unos 750 mil empleados sin laborar, museos y parques cerrados y agencias operando en “modo mínimo”. Lo importante no es el ruido, sino entender el alcance real y el punto de salida probable.
Primero, ¿qué es —y qué no es— un “cierre”? No es que el Estado desaparezca: cuando caduca la apropiación presupuestal anual y no hay ley de gasto ni resolución temporal, las agencias deben detener toda actividad “no esencial”. La lista de lo que sí sigue incluye seguridad nacional, control aéreo, servicios médicos de urgencia y pagos de programas obligatorios (como Seguro Social y Medicare). Lo que no es esencial —permisos, inspecciones, investigaciones civiles, buena parte de trámites, comunicación pública, estadística y grant-making— se pausa, y decenas de miles de trabajadores quedan en licencia sin goce hasta nuevo aviso, conforme a los planes de contingencia de cada dependencia.
El golpe visible se ve en la calle: museos nacionales y parte de los parques cerrados; oficinas con letreros de “no hay servicio”; expedientes que dejan de moverse. Pero el efecto de mayor alcance puede estar en programas sociales y en contratistas. Un ejemplo crítico: el programa WIC (alimentos para mujeres, bebés y primera infancia), que atiende a más de seis millones de personas, solo tiene una a dos semanas de colchón con fondos de contingencia; si el cierre se prolonga, cada estado tendría que cubrir el faltante y muchos no pueden. Traducido: la vida cotidiana de hogares de bajos ingresos se vuelve más incierta con cada día de parálisis.
En la administración interna, el Departamento de Educación y la Agencia de Protección Ambiental ya reportan disrupciones; otras áreas conservan equipos mínimos para funciones críticas o cumplimiento de plazos legales. La fotografía cambia por agencia, pero la regla es la misma: solo lo “exceptuado” opera, el resto espera.
Negociar
Por eso, mientras el aeropuerto funciona y el correo circula, estudios, inspecciones y subsidios se frenan, y contratos que dependen de pagos federales se atrasan, con efecto arrastre en universidades, gobiernos locales y empresas.
¿Cómo se llegó aquí? El presupuesto federal se aprueba en doce leyes de asignaciones. Al no existir acuerdo, la vía suele ser una resolución continua (CR, por sus siglas en inglés) que extiende el gasto a niveles del año anterior por semanas o meses. La Cámara de Representantes aprobó a mediados de septiembre una CR que financiaba al gobierno hasta el 21 de noviembre de 2025 a niveles de 2025; el Senado la rechazó y el plazo expiró el 1 de octubre.
Desde entonces dos intentos de reabrir —con fórmulas distintas— han fracasado en el Senado, en gran medida por un desacuerdo sobre subsidios de la Ley de Cuidado de Salud (ACA) y ajustes en Medicaid: la minoría demócrata condiciona su voto a preservar o expandir esos apoyos; la mayoría republicana y la Casa Blanca buscan otro encuadre. Sin 60 votos no hay avance.
¿Y ahora qué? En Washington, la salida típica de un cierre como este no es un acuerdo total de gasto: es una CR “limpia” (sin aditamentos sustantivos) que compra tiempo para negociar el paquete mayor. La aritmética manda: o bien una fracción de la oposición en el Senado cede su bloqueo a cambio de garantías mínimas, o bien la mayoría introduce concesiones explícitas en salud que permitan llegar a los 60 votos. La cámara —que reanuda votaciones en esta semana— podría enviar otra versión, pero mientras tanto el costo político crece por día, especialmente si los pagos a contratistas y los servicios en estados péndulo empiezan a resentirse. Ese reloj, más que los discursos, tiende a inclinar la balanza.
Para México y la región el “cierre” tiene efectos acotados si dura poco y efectos crecientes si cruza la barrera de varias semanas. En el corto plazo, no cambia el comercio ni el TMEC: aduanas y seguridad fronteriza se consideran funciones esenciales. Pero sí pueden retrasarse autorizaciones y pagos de grants a universidades y ONG binacionales; y si WIC u otros programas interrumpen apoyos, la demanda interna en ciertas comunidades se resentirá. Todo eso pega por capilaridad, no por decreto.