La decisión de impulsar la realización de una consulta popular en torno de los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la actual conformación del Congreso representa para algunos un ejercicio estéril. En principio, por el derroche de recursos públicos en la organización, promoción y desarrollo de la misma y, en segundo lugar, porque ya está demostrada la bajísima respuesta de la sociedad en tales ejercicios. La situación es clara y no requiere de mayores aspavientos que solo polarizarían aún más a la sociedad.
Para otros, el solo planteamiento atenta contra el Estado de Derecho y el respeto al mismo que juró hacer valer todo representante popular. Cambiar el método de elección tiene como punto de partida la necesidad de modificar la Constitución. Y eso es algo que bajo la actual distribución del Congreso no se podría realizar.
Además de que no hay a la vista una ley secundaria que facultara al presidente o al Legislativo a designar a los ministros del máximo tribunal. Por tanto, proponer una consulta en la materia resulta un ejercicio estéril e innecesario.
Aunque, por otra parte, no hay que olvidar que el máximo tribunal del país tiene la obligación de validar el proceso de consulta popular, al menos en lo que hace a la validez de la pregunta que se pondría a consideración de la ciudadanía.
En todo caso, si la consulta fuera a favor de que sea la ciudadanía la que designe por voto directo a los ministros de la SCJN no implicaría en automático la modificación del artículo 96 de la Constitución.
Necesidad
Sin embargo, lo que se aprecia en el fondo es la urgente proyección de la necesidad de que Morena obtenga la mayoría absoluta en la próxima Legislatura federal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que pueda realizar las modificaciones a la Constitución que considere necesarias en el siguiente sexenio.
Pero la realidad es que ese propósito se antoja más que complejo por varias circunstancias. El primero es que si bien Morena es al momento el partido mayoritario no todos los ciudadanos apoyan a la 4T. Para sustentar lo anterior solo hay que apreciar la actual distribución de las alcaldías en la Ciudad de México, así como lo cerrada que se observa la intención del voto para la gubernatura del Estado de México: por su importancia y peso en el plano electoral, el voto en ambas entidades difícilmente variará en el proceso electoral 2024.
Y con ello Morena no contará con la mayoría absoluta que requiere para realizar sin resistencia las modificaciones que necesita a la Constitución.
El sistema político mexicano privilegia la existencia de contrapesos y al momento, aunque de manera débil, la oposición ha ejercido ese papel.
Falta ver, por supuesto, qué esperan hacer Morena y sus aliados en torno de la consulta que tratan de impulsar.