Ha empezado ya el “conversatorio” sobre Políticas de telecomunicaciones y radiodifusión convocado por el Senado. La primera sesión tuvo lugar el 8 de mayo con 24 participantes en el salón de la Comisión Permanente de esta cámara.
Llama la atención el término utilizado para describir el proceso: “conversatorio”. Nunca se había empleado. No es ni una “consulta” ni un Parlamento Abierto. Es un simple conversatorio, una reunión para conversar e intercambiar puntos de vista.
Fue la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien pidió que se detuviera el vertiginoso proceso de aprobación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa la presentó formalmente el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, la noche del miércoles 23 de abril. A pesar de que el documento era de 226 páginas, un par de horas después ya estaba listo el dictamen, el cual se sometió a comisiones en la mañana del día siguiente sin que la mayoría de los legisladores lo hubieran leído.
Una iniciativa de esta naturaleza debe ser estudiada no solo en su texto, sino también en sus repercusiones. Los especialistas pueden tardar días o semanas en analizar un texto técnico de esta naturaleza. Los senadores del gobierno, sin embargo, aprobaron el documento en comisiones en dos horas y sin cambiarle una sola coma. La idea era votarlo en el pleno el 28 de abril para pasarlo a la Cámara de Diputados y tenerlo listo para promulgar el 30 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones.
Algunos especialistas advirtieron que el artículo 109 permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —una dependencia creada supuestamente para facilitar los trámites digitales— bloquear plataformas digitales a discreción. De las protestas surgió el nombre de “Ley Censura”. La propia presidenta Sheinbaum, sensible a las críticas, afirmó que su intención no era censurar y pidió que se detuviera la aprobación por vía rápida y se iniciara un periodo de diálogo con las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión y con los especialistas.
Retroceso
Es positivo, por supuesto, que se haya frenado la aprobación de una ley que los senadores no habían podido siquiera leer, pero no hay que ser demasiado optimistas.
La nueva legislación es un abuso. El artículo 109 es solo uno de los problemas. La iniciativa centraliza todo el proceso de decisión en los complejos campos de telecomunicaciones, la radio y televisión en una sola dependencia gubernamental y en su titular, quien solo tendrá que reportar a la Presidencia de la República.
Es un retroceso de más de 30 años que nos regresa a los viejos tiempos autoritarios de nuestro país.
En lugar de mantener los avances de las últimas décadas, cuando se crearon organismos autónomos y colegiados, integrados por especialistas, como en los países democráticos, estamos volviendo a un sistema como el que tienen las dictaduras, en el que todas las decisiones las toma el gobierno.
Ojalá que la presidenta y los líderes del Congreso opten por un sistema moderno, con diversidad de opiniones y sin censura. Sería muy triste haber detenido una iniciativa abusiva que se estaba aprobando por la vía rápida para finalmente promulgar una ley que no tome en cuenta las opiniones de los especialistas ni de las fuerzas políticas del país.
No se trata de tener conversatorios, sino de legislar para preservar un sistema democrático de telecomunicaciones y radiodifusión.