Ante lo visible y constantemente acontecido es lógico plantear dudas sobre la existencia de un auténtico y consolidado Estado de Derecho en nuestro país. Si bien México está formalmente organizado como una república democrática y existe una Constitución acompañada por un marco de leyes reglamentarias, la personificación del Estado en su gobierno no ha sido lo suficientemente fuerte para imponer el cumplimiento de la ley como criterio básico del orden social.
Sin embargo, a pesar de este escenario contemporáneo que se vive, todo gobierno debería tener presente que no hay más camino que la legalidad; al grado de afirmar que durante los últimos dos siglos el país ha logrado la construcción de instituciones y una mediana gobernabilidad generalizada a costa de la ley.
Hoy vemos un catálogo de ejemplos donde parecería que la existencia de un ordenamiento legal existe como referente optativo para cumplirlo o no cumplirlo. Y el problema se ahonda cuando esto se vuelve costumbre y repetición. Pero además cuando se han retirado visiblemente los incentivos para que la ley se cumpla.
Se percibe cómo la demanda por un Estado vigoroso y una sociedad en orden es constante, pero al mismo tiempo los principios, instituciones y valores vigentes que le dan sustento al orden legal no gozan ya de la misma fortaleza que permitía por momentos advertir su pronta realización. Por el contrario, el conocimiento que existe de estos principios o las percepciones sobre el funcionamiento de distintos apartados de la Constitución y leyes dan cuenta de un Estado de Derecho debilitado, que no logra construirse armónicamente y no funciona en sincronía con esa demanda social tan presente.
Discrecionalidad
Los ciudadanos deben regirse por leyes y cumplirlas con bases de convicción. El margen que da la discrecionalidad en el cumplimiento o los acuerdos informales consolidan el arbitrio de los hombres sobre un gobierno y sociedad de leyes. Por ello ese incentivo para llegar a tal escenario es un patrimonio común que debe ser respetado, creado, protegido y consolidado por los que en el poder y mando ejemplifican con el actuar. Si en la normalidad observamos cómo alguien que encumbrado en puestos puede o no cumplir algo que para otros puede hacerse obligatorio, no hay arrastre para que sigamos ejemplos u observemos conductas positivas en lo colectivo.
Un caso contemporáneo presente en todo el territorio: es sabido que para los procesos electorales existe un marco que acota la temporalidad de promoción para aquellos que buscan un puesto dentro del catálogo que en un futuro estará en las boletas. Para ello una autoridad electoral ha sido la encargada de procurar mediante facultades de supervisión y sancionadoras que no existan actos anticipados a las campañas políticas que pudieran dar ventaja a uno u a otro personaje, o peor aún, que propicien el caos generalizado donde todos los interesados salten al ruedo electoral sin que sea todavía el tiempo para que eso se pueda realizar en un marco de legalidad plena. Sobraría subrayar cuánto esto se ha ignorado y cómo prácticamente estamos ya inmersos en una elección anticipada donde los aspirantes solamente han cambiado la nomenclatura del puesto al cual aspiran.
Así, cobijados en la publicidad que otorga una entrevista en periódicos, revistas, radio o cualquier medio, hacen presente su imagen y nombre para procurar que el ciudadano los identifique y eventualmente los considere como una buena opción para el sufragio. Ahí está un claro ejemplo de que, aun con un marco legal vigente, con sanciones establecidas por incumplimiento, con una autoridad electoral facultada y con un conocimiento pleno del estado de situación completo, ni el Instituto Nacional Electoral (INE), ni el Tribunal Electoral ni los aspirantes mismos cumplen una sola letra de aquello que los obliga.
Los incentivos de cumplimiento de la ley son nulos al conjugar la inacción de las autoridades, la complacencia de la sociedad y el cinismo de los infractores. No es una cuestión menor, ya que este caso se traslada a muchos otros donde en mayor o menor grado los mismos factores se manifiestan. Ahí es donde se apersona el México que sufre de violencia, el país que vive azotado por criminales que se pasean a sus anchas cobijados en una penosa impunidad.