Hay una necesidad humana desde que existen diferentes sistemas de gobierno —histórica o eterna, diría yo— de recaudar tributos. Históricamente la recaudación de ingresos públicos varía según la época y la civilización. No siempre ha tenido las mismas connotaciones. En algunos reinos solo los pueblos conquistados debían dar un tributo. Asimismo, antes la nobleza solía estar exenta de pagar impuestos.
Las prácticas fiscales en el Antiguo Egipto o el Cercano Oriente durante el periodo Sargónico ya muestran antecedentes de tributación, aunque los detalles específicos son inciertos. Las sociedades preestatales y las consideradas protoEstados ya demostraban formas de contribución, ya fuera en especie o en trabajo, mucho antes de la introducción de metales o monedas.
Irónicamente, de manera paralela a los diferentes métodos de recaudar tributos las formas de evitarlo han acompañado dicho proceso. En el Imperio Bizantino, según indican algunos documentos, misteriosamente los campesinos desaparecían cuando había noticia de que el recolector de impuestos iba al poblado. En cuanto a este rechazo, diría que es algo de larga duración.
En la actualidad se le conoce como los impuestos y es una palabra que al escuchar inmediatamente aparecen ciertos sentimientos de rechazo, flojera y, sobre todo, una obligación forzada. En teoría, la idea moderna del impuesto se fundamenta en la contribución del ciudadano al Estado para su función de administrar la vida; entiéndanse así los servicios de salud o infraestructura que provienen de lo que aporta el contribuyente. Por ejemplo, la página oficial del muy temido Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo define de la siguiente manera: “Los impuestos son una contribución (pago) en dinero o en especie, de carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país… Sirven para proveer de recursos al gobierno y este pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación”.
Balanza de expectativas
Claro, cuando el Estado no cumple con dichas metas la gente empieza a cuestionar en dónde terminan las riquezas. En algún punto de la historia occidental, me refiero a los inicios de la modernidad y los conceptos actuales de las funciones del Estado moderno, algunos individuos comenzaron a demandar ciertas necesidades a cambio del dinero que daban a los gobiernos.
La pandemia de Covid-19 puso en duda la efectividad del sistema de salud de cada país para hacer frente a la crisis sanitaria, cuestión que muchos no tardaron en relacionar con el pago de impuestos.
En este sentido, las demandas exigen cuentas al Estado en su capacidad de proveer a la población, ya que por ello esta accede a pagar un determinado tributo. En el caso de no ser capaz de proporcionar a la sociedad las necesidades básicas se llega al cuestionamiento y la sospecha.
Los impuestos han sido un factor importante en las causas de revueltas y rebeliones; la gente no ofrece simplemente parte de lo que gana porque sí: es un acuerdo, al fin y al cabo.
La percepción y el propósito de los tributos han oscilado entre la obligación y el deber. No obstante, últimamente ha persistido un anhelo: que el acuerdo sea justo y beneficioso para ambas partes.
En el presente los ciudadanos han desarrollado una conciencia más aguda sobre la relación de lo que aportan y lo que reciben. En esta balanza de expectativas, cuando uno de los platos se inclina demasiado resurge la pregunta sobre dónde termina nuestro aporte.