Con el pretexto de combatir la “gentrificación” la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tuvo una ideota: controlar los alquileres. No solo impondrá límites a las alzas que un arrendador pueda aplicar, sino que determinará cuáles son los “precios de alquiler razonables” en las “zonas de tensión inmobiliaria”. Creará además una defensoría de derechos inquilinarios y tomará otras medidas para impedir que los arrendadores puedan utilizar a plenitud sus derechos de propiedad.
El resultado es previsible: se reducirá la oferta de vivienda de alquiler, tanto porque ya no se construirán nuevas unidades como porque los dueños retirarán casas y apartamentos del mercado formal. Se registrará también un crecimiento en los precios. Las consecuencias serán exactamente contrarias a las que se buscaban.
Antes de tratar de resolver un asunto, primero hay que saber si realmente es un problema. En Estados Unidos, Donald Trump piensa que el comercio exterior y la migración son males que hay que erradicar, sin darse cuenta de que dos de las razones más importantes de la prosperidad de su país son, precisamente, la apertura comercial y la inmigración. En México hay también grupos xenófobos, como los cercanos a Trump, que llevaron a cabo el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, una manifestación violenta en la colonia Condesa de la Ciudad de México en la que vandalizaron negocios de mexicanos mientras coreaban lemas como: “Gringo vete a casa!” y “¡Habla español o muere!”
El problema de la gentrificación, sin embargo, está solo en la cabeza de los xenófobos. La propia Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno, entendió que la inmigración de jóvenes profesionales extranjeros, no solo de Estados Unidos, era una oportunidad. Por eso el 26 de octubre de 2022 ofreció “una invitación para que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México a vivir en esta ciudad que lo tiene todo”.
Costos
La razón por la que los alquileres en la Ciudad de México son altos para los niveles de ingreso de los residentes es porque los gobiernos han aplicado políticas populistas durante décadas que han limitado la oferta de vivienda de alquiler. Es tan difícil desalojar a un inquilino que no paga, que los constructores prefieren edificar condominios u oficinas. Nadie puede culparlos. Ningún inversionista arriesgará su capital para invertir en viviendas si los inquilinos pueden quedarse años sin pagar y sin que se les pueda desalojar. Las nuevas reglas promovidas por la jefa de Gobierno harán todavía más riesgoso invertir en vivienda de alquiler.
Según el Institute of Economic Affairs (IEA) de Londres los estudios internacionales disponibles muestran que si bien los controles de alquileres tienen éxito en un principio para moderar los incrementos, los precios aumentan en el largo plazo en los sectores no sometidos a control. Estas políticas producen una disminución en la oferta de vivienda de alquiler y en la construcción de nuevas unidades. Además, los controles llevan a un deterioro en el mantenimiento de las viviendas. En vez de gentrificación se produce una pauperización.
Al gobierno de la Ciudad de México no le importa. La jefa de Gobierno ha tenido su ideota: si controla los alquileres y pone a algún burócrata a decidir qué alquiler es razonable, entonces bajarán los precios y se acabará con la gentrificación. La ignorancia sobre cómo funciona la economía puede tener costos importantes para la sociedad.