Ganar la presidencia de la República en la jornada electoral del 2 de junio es el objetivo central, pero en gran medida la aprobación de gran parte de las 20 iniciativas que se enviaron al Legislativo depende de que se obtenga la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.
Morena y sus aliados requieren de un voto parejo por parte de la ciudadanía, que haga a un lado de manera literal el nombre de los candidatos y partidos para colocar en primera instancia a la 4T.
La obviedad indica que el propósito no es aprobar todas las reformas en la actual Legislatura, sino desarrollar debates que permitan a los actores políticos realizar una especie de proselitismo abierto, frente a la mirada pasiva del árbitro electoral.
Esto debido a que, aun cuando es más que evidente que en un año electoral no se pueden realizar cambios legales en la materia, el árbitro no ha hecho nada por recordar esa circunstancia e impedir su discusión.
De hecho, en el fondo, el argumento puede ser que no se ha puesto a consideración del Legislativo la aprobación de las modificaciones planteadas; pero el propósito está ahí y es evidente.
No solo se plantea la posibilidad de reducir el número de diputados federales y senadores, sino también de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular. Además de un ajuste al porcentaje que se requiere para que el resultado de una consulta popular sea vinculante.
En general, Morena y sus aliados pueden organizar foros y debates, así como turnar a comisiones las iniciativas en lo inmediato, como sucedió a pesar de que no hayan sido turnadas con la calidad de preferentes, porque gozan de la mayoría relativa, e incluso pueden organizar los espacios de discusión y análisis que consideren necesarios.
Pero lo evidente es que al tratarse en su mayoría de reformas constitucionales los votos no le alcanzan para sacarlas adelante. Para ello, requieren de la mayoría absoluta, que solo podrían conseguir en la jornada del 2 de junio.
Incluso, por más que la candidata de Morena y sus aliados hagan suyas esas iniciativas, poco es lo que podrán hacer sin la mayoría absoluta.
De la misma forma, la candidata del frente opositor puede adoptar una posición crítica y abiertamente opuesta, pero sin los votos necesarios en el Congreso de la Unión las iniciativas no se podrán frenar.
En consecuencia, el panorama es más que claro y evidente: la discusión de las iniciativas en foros abiertos y todo tipo de escenarios servirá como una suerte de campaña política paralela, que permitirá a cada bando tratar de obtener los votos necesarios para fortalecer sus posiciones.
Las voces
En el fondo los debates y diálogos abiertos que se puedan realizar se convertirán en foros públicos sobre el tema, en los que cada partido o actor político tratará de asumirse como poseedor de la verdad absoluta.
Sin embargo, hay algunos elementos adicionales que no hay que dejar de lado. En primer lugar, el hecho de que desde Palacio Nacional se tratará de exponer el contenido y bondades de cada una de las iniciativas, en un espacio donde no habrá diálogo directo, pero que sin duda alguna en el corto plazo encontrará réplica por parte de los actores políticos. En segundo lugar, la participación de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil para tratar de exponer sus puntos de vista y argumentos.
En esta tesitura, los integrantes de organismos como el INAI y el IFT tratarán de pugnar por su permanencia, así como, llegado el momento, las expresiones que en su momento puedan emitir los ministros de la SCJN para exponer sus argumentos, toda vez que difícilmente podrán permanecer omisos. En el fondo, la campaña política no solo se desarrollará en el plano tradicional, sino también en esos espacios.
La posibilidad de obtener la mayoría absoluta es indispensable para Morena, en tanto que el frente opositor está consciente de que el propósito es obtener al menos 30% de los puestos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para bloquear cualquier tentativa de modificación a la Constitución, en tanto que si logra hacerse de más de 50% obligaría a una modificación sustancial de todos los planes de gobierno, debido a que gran parte de las decisiones tendrían que pasar por la aduana del consenso.
Este no será el rostro oculto de la campaña político electoral, sino el más visible.