En esta entrega de Su voz, su tiempo, la última antes de la veda electoral que antecederá a la elección para renovar el Poder Judicial, amplío la perspectiva y reúno en una misma página dos perfiles que desde trayectorias muy distintas comparten un objetivo: llegar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una voz mixteca
Hugo Aguilar aspira a convertirse en el primer ministro indígena de la SCJN desde Benito Juárez. “Soy indígena mixteco, de las montañas del sur de Oaxaca. Tengo 30 años de trabajo en la promoción y en la defensa de los derechos indígenas”, afirma el maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien ha colaborado con instancias estatales, nacionales e internacionales.
“He llevado casos ante la Suprema Corte, ante los juzgados federales, ante los tribunales electorales del país, con resultados importantes; porque hemos sentado precedentes relevantes y hemos innovado en cuanto al método de abordaje de esta problemática”, explica.
Para Aguilar, con el número 34 en la boleta y voz de un México que rara vez llega al pleno de la SCJN, hay un vacío en el sistema: “Este es un diagnóstico catastrófico para los pueblos, porque no hemos estado en la ley, en el sistema y las pocas veces que hemos llegado hemos recibido resoluciones en contra”, puntualiza.
Para la actual composición de la SCJN, insiste, “no hemos existido; la Suprema Corte ha tenido una visión muy formalista, muy limitada de incorporación de la pluriculturalidad en el sistema, son resoluciones casi contadas con los dedos de la mano las que ha emitido aplicando el pluralismo jurídico y la pluriculturalidad”. Quien fue subsecretario de Derechos Indígenas de Oaxaca asegura que “estamos en momentos históricos del país. Sé que la reforma judicial genera opiniones a favor y en contra, pero para los de abajo, en especial para los indígenas, representa una oportunidad. Para nosotros, sin reforma no estaríamos en la posibilidad de tener un ministro indígena en la SCJN 170 años después de Juárez. Entonces, no le vemos bemoles a la reforma: para nosotros implica una oportunidad inimaginable”.
Diálogo y derechos humanos
También pude platicar con el candidato a ministro de la SCJN, Giovanni Figueroa. Después de estudiar su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit, fue becado por esta institución para estudiar su maestría y doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid.
También tiene estudios doctorales en la universidad más antigua del mundo, la de Bolonia, Italia. Se especializa en Derecho Comparado. “Esa es la labor que he desarrollado a lo largo de más de 20 años: utilizar el Derecho Comparado para mejorar el derecho mexicano y las sentencias que emiten los tribunales mexicanos”, explica.
Añade: “Terminé mi doctorado, regresé a Nayarit como coordinador de cuatro maestrías en Derecho, como académico, investigador, profesor de esa casa de estudios, hasta que hace más de diez años me fui a vivir a la Ciudad de México y estuve tanto en el Consejo de la Judicatura Federal como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y desde hace casi diez años soy académico en la Universidad Iberoamericana de Derechos Humanos, plaza que gané también después de un concurso abierto, público, para ocupar esa plaza donde durante más de seis años y medio coordiné la maestría pionera en derechos humanos en el país”.
Figueroa, número 43 de la boleta morada, defiende la presunción de constitucionalidad: “Soy el único candidato a ministro de la Suprema Corte que el año pasado, en la iniciativa de reforma al Poder Judicial, introdujo una de las ideas que tengo sosteniendo desde hace más de 15 años: el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes”.
Es decir, explica, “que cuando la Suprema Corte tiene que valorar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley, la declaración de inconstitucionalidad tiene que ser el último recurso, porque tiene a mano el mayor tribunal de nuestro país muchas herramientas interpretativas para salvar la constitucionalidad de la ley y evitar vacíos innecesarios en el ordenamiento jurídico”.