Esta semana el rotativo más leído de Los Ángeles, ciudad con una enorme población mexicana, publicó un reportaje importante sobre dos gobernadores mexicanos sujetos a investigación judicial en Estados Unidos. Apenas la semana pasada comentábamos aquí la conveniencia de resucitar la Conferencia Nacional de Gobernadores para intensificar el diálogo entre los gobiernos subnacionales mexicanos y los estadunidenses. De existir ese mecanismo en la actualidad, probablemente habría un espacio institucional de diálogo mucho más robusto que el intercambio de acusaciones entre México y Estados Unidos.
Es imposible no leer el reportaje de Los Angeles Times a la luz del durísimo discurso de la jefa del Ejecutivo en el Monumento a la Revolución. Quienes queremos a los dos países y consideramos que el futuro de ambos depende de su capacidad para integrarse inteligentemente, no podemos sino lamentar los episodios recientes de choque entre nuestros gobiernos.
La dinámica instalada parece irreversible. El gobierno estadunidense publica (o filtra) una acusación contra alguno de los múltiples políticos mexicanos acusados de vínculos con la delincuencia. El gobierno mexicano responde con un discurso nacionalista e invocando la soberanía o frases como “cooperación, no subordinación”.
El tono entre gobiernos se calienta y las relaciones se tensan hasta que, como siempre sucede, gana el más fuerte, o sea, Estados Unidos.
No entiendo muy bien qué busca el gobierno mexicano. No puede ganarle a Estados Unidos: los instrumentos de presión de la mayor superpotencia planetaria son vastísimos y la capacidad de respuesta mexicana muy reducida. Peor aún, si pensamos que la clase política mexicana está real y profundamente penetrada por la delincuencia organizada, los argumentos de defensa de nuestro país se antojan ridículos y pobres. Es triste ver a los panegiristas de Morena alegando que en México nuestro sistema judicial es capaz de procesar a los narcopolíticos.
Misil
Con todo, hay aspectos interesantes de la filtración a Los Angeles Times. Primero, mencionan dos nombres cuyo presunto vínculo con el narco ya habían manejado y publicado medios de comunicación mexicanos. Segundo, se trata de estados fronterizos, vale decir, con interacción cotidiana respecto de Estados Unidos. Tercero, en el caso de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, hablamos también del presidente del Consejo Nacional de Morena. Dicho consejo es uno de los órganos responsables de la postulación de candidatos en el partido oficial. La vinculación directa con el partido oficialista ya es innegable, de modo que el misil norteamericano golpea en la línea de flotación del oficialismo.
Desde luego que tanto Durazo como Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, niegan todas las acusaciones. No obstante, resulta difícil creer que lograrán disipar la sombra de la sospecha sobre sus personas.
La relación bilateral sigue atravesando uno de sus momentos más críticos y complicados en muchas décadas. Es llegada la hora del diálogo y la disposición a negociar por parte de México. El nacionalismo agotará su efectividad, pero los golpes al gobierno terminarán por desestabilizar al país si la administración actual no se sienta a hablar con su socio y vecino eterno.