Conversé con la magistrada de circuito Jazmín Bonilla García, una jurista con dos décadas de trayectoria, formada en derechos humanos, democracia y Derecho Constitucional, con doctorado por la Universidad Panamericana y una carrera sólida en la justicia federal.
Su experiencia, tanto en la justicia administrativa como en la reflexión teórica del Derecho, la coloca entre las voces más claras para explicar por qué la perspectiva de género dejó de ser un discurso y se convirtió en un método indispensable para impartir justicia.
En México la justicia ha tenido rostro de mujer incluso antes de que se reconociera su voz. Durante décadas, juezas, magistradas y ministras han empujado cambios que hoy parecen evidentes: investigaciones sin estereotipos, sentencias que colocan a las víctimas al centro y criterios que obligan a mirar la desigualdad antes de juzgar.
Para Bonilla el punto de quiebre ocurrió con la reforma constitucional de 2011. Como ella explica, “esta reforma, en la que dice que todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, transformó la manera en la que se entienden los derechos humanos en México”. Esa modificación, aparentemente mínima, cambió la lógica: el Estado no otorga derechos, los reconoce, y por eso pueden exigirse.
Juzgar con perspectiva de género, explica la magistrada, es aplicar esa reforma en la vida cotidiana. No se trata de una concesión, sino de un método para resolver injusticias. “No quiere decir que solo juzgadoras y juzgadores deban aplicarla —señala—. También fiscalías, instituciones de seguridad social u otras autoridades que resuelven casos deben hacerlo, porque decidir si hubo o no un acto injusto exige identificar la situación real de quienes acuden ante ellas”.
Puerta
La perspectiva de género permite observar si hay una condición de desventaja. “Significa entender que las mujeres estamos en una situación de particular vulnerabilidad”, afirma. Y ese reconocimiento modifica decisiones que, sin ese análisis, perpetuarían desigualdades.
La magistrada expone ejemplos que muestran por qué este método es indispensable. Uno de ellos revela cómo una norma “aparentemente neutra” puede reforzar estereotipos. Se trata de una ley estatal que reducía el horario laboral de las mujeres “para favorecerlas”. Sin embargo, al analizar la exposición de motivos el tribunal descubrió una intención distinta: que las mujeres tuvieran más tiempo para encargarse de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. “En teoría la ley era para que las mujeres tuviéramos más oportunidades laborales —explica—, pero en realidad buscaba que las mujeres estuvieran más tiempo en su casa”. El análisis con perspectiva de género permitió evidenciar que, lejos de promover igualdad, reforzaba la doble jornada y los roles tradicionales.
Pero el caso más revelador que Jazmín Bonilla comparte ocurrió cuando integraba asuntos de instituciones de seguridad social. Una mujer, embarazada y con sangrados recurrentes, fue informada de que podría desarrollar acretismo placentario, un padecimiento que pone en riesgo la vida. Ella rechazó dos veces un método de anticoncepción permanente. Semanas después, ya sedada y en pleno quirófano tras una cesárea, recibió una nueva advertencia: “Si te embarazas de nuevo, te puedes morir”. En lugar de consultarla a ella, el personal médico salió a preguntar al esposo si autorizaba el procedimiento. Él aceptó y se le practicó la cirugía.
El consentimiento no fue informado, no se acreditó una urgencia médica y tampoco se respetaron los protocolos, pese a que existían antecedentes claros de que la mujer había dicho “no” de manera reiterada. El caso escaló hasta instancias superiores después de que las autoridades administrativas y un tribunal desestimaron la irregularidad. La corte, al analizarlo bajo la óptica correcta —no como esterilización forzada, sino como violencia obstétrica—, evidenció los fallos: se ignoró la voluntad de la mujer, se le brindó información falsa y se afectó su proyecto de vida.
Estos casos muestran lo que sostiene la magistrada: la perspectiva de género no es un complemento, es una herramienta técnica que permite distinguir entre lo que parece justo y lo que realmente lo es. Es un método que exige revisar normas, contextos, estereotipos, condiciones materiales y relaciones de poder antes de decidir.
Para Bonilla el futuro de la justicia depende de quienes tengan el valor de aplicar esta metodología con rigor y humanidad. Porque cuando un tribunal decide con perspectiva de género, no solo corrige una injusticia: abre la puerta para que miles de mujeres puedan exigir sus derechos con la certeza de ser escuchadas.