El pasado miércoles 16, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicaron once ordenamientos jurídicos, entre ellos los que se refieren a delitos tan sensibles como la desaparición forzada y la extorsión. También destaca la nueva Ley de la Guardia Nacional, así como la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No es exagerado señalar que se trata de un ajuste de fondo en las dimensiones de las políticas de seguridad: con ese conjunto de leyes se marca un claro contraste respecto del anterior sexenio.
Tan solo al día siguiente, el 17 de este mes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ante la asistencia de los integrantes del gabinete de Seguridad federal la creación de un mando único de policía para once municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Valle de Chalco, Chalco y Chimalhuacán, con el objetivo, por supuesto, de abatir los índices de criminalidad.
Así, mientras se rediseña la arquitectura jurídica a nivel federal, en un importante estado de la República a partir de la estructura y administración municipal se instrumentan medidas orientadas a favorecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno.
En la ruta trazada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada en febrero por el Senado, se pueden leer elementos sustantivos que sin llegar a ser una ruptura respecto de la anterior administración sí son una reorientación donde las Fuerzas Armadas en lo general llevan la principal responsabilidad en cuanto a la contención del crimen organizado.
La prueba fehaciente es, en efecto, el nuevo marco jurídico de la Guardia Nacional, ya como parte formal del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, junto con el Ejército y la Fuerza Aérea.
Paso sustancial
En este sentido, la preponderancia de la formación militar orientada a la seguridad pública se ve reforzada por lo que ya es la tercera generación de egresados del Heroico Colegio Militar como licenciados en Seguridad Pública. Su incorporación a la Guardia Nacional será un paso fundamental, como sucedió con anteriores generaciones, para ir acoplando y desarrollando a la todavía nueva institución de seguridad.
Por eso es importante analizar de manera detallada los ordenamientos jurídicos recientemente aprobados.
Destaca, por otra parte, la ampliación de las capacidades para la prevención del delito a partir de la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia; con esto se da un paso muy relevante para darle sentido y funcionamiento al sistema nacional de inteligencia.
También la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se prevén acciones directas de coordinación y responsabilidades de los municipios y los gobiernos estatales para proporcionar en tiempo y forma los datos requeridos por las autoridades federales.
Considerando que cada entidad cuenta con una Secretaría de Seguridad y una Fiscalía, el carácter obligatorio para articular las medidas necesarias para la prevención y sanción de los delitos también es una marca distintiva y de fondo respecto de la política en materia de seguridad pública de anteriores sexenios.
Se trata de un paso sustancial en lo que se denomina como la coordinación absoluta. Esperemos buenos resultados de tan importantes esfuerzos por recuperar la tranquilidad en varias partes del país.