Nuestra primera mesa de análisis puso en el centro una verdad que México no puede seguir evadiendo: cuando una niña está embarazada, hubo abuso sexual. No hay consentimiento posible. Lo que existe es una falla de prevención, de protección, de justicia y de Estado.
El valor de esta mesa fue reunir por primera vez en el programa a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para analizar un mismo problema desde sus distintos ámbitos de responsabilidad.
Participaron Lorena Villavicencio, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); Celeste Ascencio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; y Nelly Montealegre, magistrada especialista en delitos de género, pionera en la implementación de la Alerta Ámber en México y en la elaboración del primer protocolo nacional de feminicidios.
Villavicencio abrió la conversación con uno de los datos más duros de la mesa: “La última cifra que tenemos son casi ocho mil embarazos de niñas en 2023”. Desde el Ejecutivo, explicó que el gobierno federal lanzó recientemente la campaña “Niñas, No Madres” desde Sipinna para combatir el embarazo infantil.
También advirtió que detrás de muchos de estos casos existen violencia sexual y entornos culturales que siguen normalizando prácticas que vulneran derechos humanos. “No podemos admitir que una niña que tiene once, doce o hasta 15 años pueda tener consentimiento en una responsabilidad que no le corresponde, que le arrebata su infancia”, señaló.
Desde el Legislativo, la senadora Celeste Ascencio explicó que uno de los avances más importantes en esta materia fue la incorporación de la educación sexual en el artículo tercero constitucional.
Recordó que hubo estados “como Chihuahua, como Aguascalientes, que no querían que los libros de texto hablaran de estos temas”, reflejando las resistencias políticas y sociales que todavía existen para abordar la educación sexual en las escuelas.
Ascencio también compartió las experiencias que vive cuando recorre pueblos y comunidades originarias promoviendo los derechos de las mujeres y de las niñas. “He sido promotora de todos estos derechos de las mujeres ahí en los pueblos, y ha habido compañeros que me han dicho literalmente ‘aquí no queremos que vengas, aquí no queremos que hables del empoderamiento de la mujer, aquí la mujer es a la cocina y al cuidado de su esposo y de sus hijos’”, relató durante la conversación.
Coordinación
Nelly Montealegre aportó la mirada más dura: la de los casos que ya llegaron tarde. “Cuando una niña, cuando un niño llega a los tribunales, el Estado y su familia le fallaron”, dijo durante la mesa.
Desde la experiencia judicial, explicó que todavía persisten “miradas adultocentristas” en muchos procesos relacionados con violencia contra la infancia. Advirtió que a niñas y niños víctimas de violencia muchas veces se les exige recordar hechos con una precisión imposible: “Queremos que nos describan los hechos así: fue en tal minuto, tantas veces, tantas horas, estábamos en tal lugar… Eso es imposible pedírselo a una niña o a un niño”.
La magistrada subrayó que el Poder Judicial todavía enfrenta el reto de juzgar verdaderamente con perspectiva de infancia y no desde parámetros pensados para adultos.
La mesa también permitió entender algo fundamental: la prevención no puede recaer solamente en las niñas. Tiene que existir coordinación institucional, educación sexual, denuncias oportunas, fiscalías especializadas y sentencias con perspectiva de infancia y de género.
De lo contrario, la violencia seguirá reproduciéndose dentro de las propias familias y comunidades.
La conclusión es contundente: si una niña llega embarazada, alguien falló antes. Falló la familia, falló la escuela, falló la autoridad, falló la justicia o fallamos todos como sociedad. Por eso esta primera mesa de análisis de Su Voz, Su Tiempo no solo abrió una conversación: marcó una ruta urgente para proteger a las niñas antes de que sea demasiado tarde.