El Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa de reforma en materia de Rentas Justas, que la bancada mayoritaria pretende aprobar sin dar oportunidad a los involucrados de escuchar en qué consiste y de opinar sobre ella, por lo que diputados de oposición ya levantan la voz y solicitan que antes de dictaminarla sea sometida a consulta pública. Eso sería lo justo, ¿no?
“Una reforma de esta magnitud no puede aprobarse sin escuchar directamente a quienes se verán involucrados. Se trata de una medida que incide en el acceso a la vivienda, pero también en la estabilidad económica de miles de familias. No podemos legislar sobre vivienda sin escuchar a quienes viven de una renta o dependen de ella para subsistir. Lo único que estamos pidiendo es llevar esta iniciativa a consulta popular”, dice la diputada de Acción Nacional, Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Comisión de Planeación.
Esta iniciativa con proyecto de decreto adicionaría diversas disposiciones a la Constitución capitalina y serán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda las que analizarán la propuesta de reforma constitucional.
Esta plantea, por ejemplo, que los precios de las rentas no puedan subir más de la inflación; ello beneficiaría la economía de las familias que tienen necesidad de rentar una vivienda, pero al mismo tiempo afectaría libertades y derechos de los arrendatarios.
La legisladora exige que “para la dictaminación de esta iniciativa se incluya un estudio de impacto económico serio, que prevea la viabilidad financiera de la propuesta y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo, con base en evidencia técnica y no únicamente en criterios políticos”.
Sí, es importante que el dictamen se cuadre de manera real, sin afectar a los arrendadores, para muchos de los cuales es su fuente de ingresos, pues son adultos mayores y no tienen otro ingreso.
“Esta iniciativa impactará a más de cuatro millones de personas: por un lado, alrededor de dos millones que hoy viven en una vivienda rentada; y, por otro, quienes dependen de esos ingresos. En la ciudad hay cerca de 600 mil viviendas en renta, lo que significa que, en promedio, de esos alquileres dependen otros dos millones de personas. Es decir, hablamos de un impacto que alcanza a una cifra superior a la población conjunta de Iztapalapa y Gustavo A. Madero”, sostiene Garza de los Santos.
Tiene razón la legisladora albiazul: esta Ley de Rentas Justas involucra a millones de personas, tanto a quienes necesitan rentar como a los que dependen de esos ingresos, por lo que tienen derecho a conocer si los afectará o beneficiará y cómo, para que estén preparados y no les caigan de sorpresa las disposiciones que tendrán que cumplir. ¿O a poco tienen mucha prisa?
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que se sabe que el Congreso local reformará el Código Penal capitalino para poner un alto a quienes se hagan pasar como representantes de personas adultas mayores ante instituciones financieras. También se buscará sancionar a quienes recurran a llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, aplicaciones de mensajería, etcétera, para obtener dinero de forma indebida de personas vulnerables. ¿Será?...