En las democracias liberales como la nuestra la participación del Congreso resulta determinante para conducir de la mejor manera las instituciones encargadas de salvaguardar los bienes que tutela la seguridad nacional mediante la participación crítica de los servicios de inteligencia.
Como sabemos, ambos conceptos hacen su aparición jurídica de manera simultánea en la famosa Acta de Seguridad Nacional de 1947, firmada por el presidente estadunidense Harry Truman. De entonces a la fecha cada sistema y régimen político ha adaptado dichos conceptos.
Las implicaciones interinstitucionales que tienen los intereses y bienes que tutela la seguridad nacional a través de los servicios y áreas de inteligencia civiles y militares convocan a un constante proceso de análisis, actualización y diseño de escenarios para mejor resguardar el futuro del país. De ahí que las funciones del Poder Legislativo —sea el caso de México, Estados Unidos, Brasil o Francia— impliquen responsabilidades como son la asignación de presupuestos; desde luego, proporcionar el orden jurídico adecuado y funcional, así como el establecimiento de procedimientos de evaluación y rendición de cuentas de las instituciones directamente responsables de la seguridad nacional.
Así, el pasado día 8 la LXVI Legislatura del Senado de la República publicó el acuerdo por el que se designan tres integrantes para formar parte de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ahora falta que la Cámara de Diputados designe a sus tres legisladores.
Aportación
Ese mismo día el Senado dio a conocer también el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública. Tampoco en este caso la cámara baja —al momento de redactar esta colaboración— ha anunciado qué diputados se incorporarán a tan relevante comisión. Sobre todo, en el contexto de los sustanciales ajustes que se han dado desde el inicio del presente sexenio por cuanto hace a leyes, organigramas, responsabilidades y presupuestos en materia de seguridad pública.
Hay una abundante producción de literatura especializada a propósito de las tareas e importancia de la participación de los Congresos en el diseño, aplicación y evaluación de los programas y políticas en seguridad nacional.
Estudiar el caso del sistema político y la democracia estadunidense es relevante, pues en ese país se crean, como ya se apuntó, los primeros contenidos de la inteligencia para la seguridad nacional.
En el caso del Poder Legislativo de nuestro país resulta indispensable que sus integrantes no solo tengan conocimientos adecuados sino que conozcan a profundidad la naturaleza de las Fuerzas Armadas: historia, formación, estructura, doctrina, adiestramiento, necesidades de equipamiento… para que con esas bases puedan decidir de la mejor manera los presupuestos adecuados y en proporción al conjunto de misiones (permanentes) y de responsabilidades (asignadas por cada gobierno en turno).
Esperemos que la futura Comisión Bicameral de Seguridad Nacional acometa con precisión y agilidad las tareas asignadas por su conducto al Poder Legislativo. Sería una relevante aportación.