El debate sobre la posesión y el control de armas en México es un tema que se ha discutido ampliamente en las últimas décadas. Se trata de una historia complicada y a menudo conflictiva, lo que dificulta la búsqueda de consenso en torno de este asunto. Tener una herramienta capaz de quitarle la vida a otra persona representa una enorme responsabilidad; sin embargo, la realidad mexicana muestra que sus portadores civiles constituyen un peligro vigente.
A principios del siglo XX la situación de la tenencia de armas en México y Estados Unidos era similar. La Constitución mexicana de 1857 garantizaba el derecho a poseer armas: “ART. 10. Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren”. Inspirado por la Segunda Enmienda de la Constitución de EU, este artículo se mantuvo activo durante más de 100 años. Su larga vigencia obedece, en parte, al contexto de inestabilidad política y conflictos armados frecuentes en México hasta el fin de la Revolución mexicana.
Para 1917 la nueva y vigente Carta Magna comenzó con la misma base que la anterior, pero agregando que “hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía”. Con dos reformas más se llegó al escenario actual. ¿Qué hubo detrás?
En las décadas de 1960 y 1970 el control de armas se convirtió en un tema de preocupación para las autoridades mexicanas. México fue testigo de una serie de huelgas y manifestaciones protagonizadas por trabajadores, médicos y estudiantes con diversos motivos y exigencias. Estas protestas alcanzaron su punto álgido con la trágica masacre de Tlatelolco en 1968, cuando el ejército disparó contra manifestantes desarmados, dejando un alto número de muertos y heridos.
Encuestas
En respuesta a esta creciente inestabilidad el gobierno mexicano implementó una reforma de control de armas en 1971. El temor de la administración de Luis Echeverría hacia ciertos sectores de la sociedad mexicana, producto de sus propias acciones como la creación de grupos paramilitares, buscó eliminar el suministro de armas bajo la excusa de garantizar la estabilidad en el país. Sin embargo, esto no detuvo la circulación de armamento en todo el territorio y en la actualidad gran parte de este proviene de EU.
Hoy México enfrenta una situación complicada en relación con las armas. En una encuesta realizada en 2021 por el Centro de Estudios de Opinión de la Cámara de Diputados, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 26.6% de los dos mil 400 encuestados dijo estar a favor de liberar permisos para portar armas.
Por otro lado, en 2022 la agencia de investigación en opinión pública Enkoll realizó 603 entrevistas a mexicanos sobre la posesión de armas; 58% se posicionó a favor de que en el hogar se pudiera contar con un arma de fuego, pero 74% estaba en contra de llevar una en espacios públicos.
De ambas encuestas se observa una recepción mixta a este fenómeno, en el que en el caso más favorable la gente busca limitarse a la autodefensa. A pesar de las estrictas leyes de control de armas, estas siguen siendo un problema persistente en el país, alimentando la violencia asociada al crimen organizado y el narcotráfico. Peor cuando los ciudadanos comunes a menudo sienten que carecen de medios legales para protegerse en un entorno de creciente inseguridad.