A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres Torres, les cancelaron sus visas de visitante a Estados Unidos. Los dos afirman que esto se debe a simples razones administrativas, pero al mismo tiempo afirman que las autoridades migratorias de EU no les especificaron las razones. Si no las conocen, sin embargo, me pregunto cómo están tan seguros de que el tema es administrativo.
Las autoridades migratorias tienen en EU amplias facultades discrecionales para impedir la entrada de extranjeros a su país. Basta una simple sospecha de que la persona quiere permanecer ilegalmente, o de que ha cometido alguna falta, para hacerlo. Una infracción de tránsito es en ocasiones suficiente. A veces ni siquiera eso. El agente de migración puede simplemente decir que tuvo dudas sobre la persona y es muy raro que su decisión sea retirada.
El caso de la gobernadora de Baja California y de su esposo son, sin embargo, peculiares. Torres dio a conocer primero el 10 de mayo que su visa había sido cancelada por esas supuestas razones administrativas. “Mi conciencia está tranquila —escribió en redes sociales— y estoy seguro de que esta situación se resolverá de manera favorable”.
La gobernadora anunció posteriormente que también su visa había sido revocada: “Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, señaló. Añadió que la medida tuvo lugar en un “ambiente binacional complejo”, aunque en distintas ocasiones ha indicado que no sabe cuáles fueron las razones de esta cancelación.
Una revocación tiene sentido si el problema es meramente administrativo, pero dos es otra cosa, especialmente cuando la segunda afecta directamente a la gobernadora de un estado fronterizo. Los altos funcionarios mexicanos suelen tener un trato especial de las autoridades estadunidenses. Ante ese “ambiente binacional complejo” que la propia gobernadora acepta, hay que preguntarse si no estamos viendo sanciones por temas más complicados y profundos.
Incertidumbre
No es ningún secreto que el gobierno de Estados Unidos ha venido presionando al mexicano para actuar contra políticos que presumiblemente tienen relaciones con grupos de narcotraficantes.
Recientemente el presidente Donald Trump declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum es “una mujer adorable, pero les tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar correctamente”.
Las palabras de Trump no necesariamente tienen fundamento en la realidad; muchas veces lo hemos visto actuar por prejuicios y ocurrencias, y no porque tenga información correcta sobre los temas. Pero sus decisiones, por infundadas que sean, pueden llevar a acciones de las dependencias del gobierno estadunidense. Nadie se atreve a decirle que no al presidente.
Por lo pronto, la revocación de las visas de la gobernadora y de su esposo se han convertido en una llamada de atención para muchos funcionarios mexicanos de todos los niveles.
La relación con Estados Unidos se ha vuelto más complicada que en el pasado reciente. El presidente de nuestro vecino país del norte ha dejado de lado las sutilezas diplomáticas y podría estar tomando medidas contra funcionarios mexicanos, aunque sea por faltas que no han cometido.
Esto añade un fuerte elemento de incertidumbre a la actuación de los funcionarios mexicanos. Ninguno sabe si está incluido en las listas de revocación de visas o en la de los aliados del crimen organizado.