La censura es reina absoluta en la actual campaña electoral. El nuevo Instituto Nacional Electoral ha encontrado una inesperada vocación en el ejercicio de bajar anuncios del aire y sancionar a partidos políticos. La perversidad de las reglas electorales introducidas en 2007 y ratificadas en 2014 es enorme. No solo tenemos una campaña en la que no caben más ideas que las que se puedan colocar en un spot de 30 segundos, sino que las pocas que se aportan son objeto de censura sistemática.
Muchos anuncios políticos han sido sacados del aire por el INE en las últimas semanas. Los consejeros nacionales se basan en el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala: “En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”.
El Consejo General del INE puede ordenar “la suspensión inmediata de los mensajes en radio y televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda”.
Calumniar es acusar falsamente a alguien de la comisión de un delito, pero los consejeros no se han preocupado mucho por los detalles legales: han considerado como calumniosas afirmaciones de todo tipo, incluyendo la simple mención del número de invitados que el presidente Enrique Peña Nieto llevó a su reciente visita al Reino Unido.
Por otra parte, los partidos han aprendido a aprovechar los recovecos de la ley y así han divulgado spots que saben serán censurados por el INE, solo para que tengan difusión unos días.
Culpa
El sistema creado por la ley de 2007 fue presentado en ese entonces con el argumento de que había que evitar la espotización de la política y reducir el costo de las elecciones. Los resultados, sin embargo, han sido exactamente contrarios. Los spots dominan hoy las campañas, que no se han vuelto más baratas. Es cierto que los tiempos de radio y televisión fueron confiscados sin indemnización a las concesionarias, lo cual tiene un costo que se han visto obligadas a asumir estas empresas, pero el dinero que les sobró a los partidos no ha sido devuelto a los contribuyentes sino que se ha utilizado para colocar anuncios espectaculares en las calles o para alquilar aviones privados.
Los partidos y los candidatos se han convertido en productos comerciales. Así, un partido nos ofrece como argumento para votar por él una melodía pegajosa (muy pegajosa) en que habla del “movimiento naranja”. Otro simplemente dice: “Soy turquesa, a huevo”. Algunos recurren a descalificaciones de sus rivales. Andrés Manuel López Obrador aprovecha los tiempos de Morena para adelantar su candidatura presidencial en 2018. El Partido Verde, en contraste, fue sancionado por señalar que ha sido eficaz al lograr que se aprueben medidas que prometió en campaña.
La culpa de esta situación no es ni de los consejeros del INE ni de los partidos ni de los candidatos en campaña, que simplemente tienen que ajustarse a las normas. La responsabilidad es de los legisladores que cambiaron la ley electoral en 2007 y 2014 para empeorarla. No mejorará la calidad de las campañas si se mantiene una legislación que se basa en mensajes de 30 segundos en radio y televisión y en la censura. Hay que echar para atrás las reformas electorales de 2007 y 2014.