En México queremos que las investigaciones incómodas se prolonguen indefinidamente. Si algún fiscal busca cerrar un caso con una conclusión que no sea políticamente correcta, se le acusa de dar carpetazo. Por eso tantas veces se opta por mantener abiertas investigaciones que ya no tienen posibilidad de progresar.
La PGR ha presentado sus conclusiones del caso de los normalistas de Ayotzinapa después de cuatro meses de investigación. Desde hace tiempo se perfilaba su sentido. Sobre esta hipótesis se han fundamentado las aprehensiones de casi un centenar de personas, incluyendo a los miembros de la banda Guerreros Unidos, al ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y a varios integrantes de la policía municipal de Iguala.
El procurador general Jesús Murillo Karam dice que hay una gran cantidad de pruebas periciales, declaraciones y confesiones que comprueban que los normalistas fueron secuestrados en Iguala y entregados en Cocula a Guerreros Unidos para ser ejecutados y quemados. La secrecía del sistema judicial mexicano no permite a los ciudadanos comunes y corrientes el acceso a los expedientes, pero la PGR ha dado a conocer fragmentos de confesiones que parecen ratificar esta versión de los hechos.
Los grupos políticos y sociales aglutinados en torno al movimiento de Ayotzinapa han rechazado la versión de la PGR. Se niegan a aceptar que los normalistas estén muertos y exigen que se investigue al ejército.
Rechazo
Es muy fácil en nuestro país rechazar una investigación de la PGR basada en confesiones porque la institución se ha caracterizado en el pasado por obtenerlas con presiones y torturas. Hasta este momento no hay indicaciones de que haya habido tortura, pero no sabemos si los abogados de los acusados estuvieron presentes en las declaraciones como lo establece la ley.
Supongo que muchos cuestionamientos se le podrán hacer a esta investigación, como a cualquier otra, pero la mayoría de las que he escuchado no tienen nada que ver con un deseo de esclarecer los hechos sino más bien de descalificar cualquier conclusión que no se ajuste a una conveniencia política. “Fue el Estado” nos han dicho los miembros del movimiento de Ayotzinapa. Toda prueba que no lleve a esa conclusión predeterminada es rechazada.
Yo no encuentro indicios de que el presidente Enrique Peña Nieto haya decidido mandar al ejército a matar estudiantes que trataban de reventar un evento de la primera dama del gobierno municipal perredista de Iguala. Tampoco veo una conspiración del Estado mexicano para ocultar información sobre lo ocurrido.
La PGR tiene obligación de concluir sus investigaciones y presentar sus pruebas ante los jueces, quienes ahora tendrán que considerar si son válidas o suficientes. Los padres de los normalistas podrán darle seguimiento al caso ya que tendrán acceso a los expedientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido invitada a supervisar el proceso.
Habrá que ver si las pruebas de la PGR se sostienen ante este severo escrutinio, pero el objetivo final debe ser aclarar lo sucedido y sancionar a los responsables. Me parece inmoral condicionar el resultado de la investigación a que esta tenga una conclusión que convenga a un determinado grupo político.