El presupuesto de gasto gubernamental para 2017 que presentó José Antonio Meade, el nuevo secretario de Hacienda, tiene una disminución pequeña en términos reales: la baja es de apenas 1.7% una vez descontada la inflación. En términos nominales, de hecho, hay un aumento… ligero, pero aumento.
Esta pequeña disminución, sin embargo, ha sido cuestionada por los partidos de oposición. Alejandra Barrales, presidenta del PRD, anunció que se creará un bloque económico para “defender a la ciudadanía y al gasto social”. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró que no veía por qué sonreía el secretario de Hacienda al entregar el presupuesto después de haber recortado recursos a la capital de la República.
La verdad, sin embargo, es que a la mayoría de los mexicanos les da igual que se recorte el gasto público, incluso el llamado gasto social, porque son pocos o nulos los beneficios que otorga a la sociedad.
Los presupuestos generan burocracias y los burócratas, por lo tanto, sí están agradecidos. Pero el incremento del gasto social en los últimos 20 años no ha tenido ningún beneficio en los ingresos de los mexicanos. El porcentaje de la población que sufre de pobreza de ingresos sigue siendo aproximadamente el mismo de hace dos décadas.
Lo mismo ha ocurrido con otros tipos de gasto. Los presupuestos de seguridad, por ejemplo, se han elevado de forma muy importante en los últimos años, pero el problema de la inseguridad en vez de disminuir se mantiene a niveles inaceptablemente altos e incluso aumenta.
¿Por qué si los resultados del gasto público han sido tan decepcionantes se molestan tanto algunos políticos por una reducción diminuta? Quizá porque el gasto público, aunque no signifique una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos, sí es un instrumento útil para comprar apoyos políticos e incluso votos.
Escépticos
La verdad es que el recorte que se está haciendo en el gasto público es absolutamente indispensable. El déficit de presupuesto ha subido la deuda pública desde 21% del Producto Interno Bruto (PIB) de fines del sexenio de Vicente Fox hasta casi 50% al día de hoy.
Esta deuda, por otra parte, tiene un costo cada vez mayor. En 2017 el sector público tendrá que pagar más de 585 mil millones de pesos en servicio de la deuda, más que en educación o en servicios sociales. Este servicio financiero crece a un ritmo cercano a 19% anual en un momento en que el gasto público total baja.
La verdad es que tiene poco sentido protestar por una reducción en el gasto público. Lo que debemos hacer es preguntarnos por qué el presupuesto no se ha traducido en mejores servicios ni en la solución de los problemas fundamentales del país, como la pobreza y la inseguridad, que supuestamente debería enfrentar.
Cuando los políticos se preocupan más por el monto del presupuesto que por sus resultados debemos volvernos escépticos. Lo que les interesa no es resolver los problemas del país, sino tener a su disposición más recursos que se arrancan a la sociedad y que podrían ser mejor gastados por los ciudadanos.
La experiencia nos dice que si seguimos permitiendo que suba la deuda pública por el gasto deficitario, como ha ocurrido en los últimos años, el resultado será una nueva crisis financiera, tan grave o más que las que hemos tenido en el país tantas veces en el pasado.