Durante su campaña política en 2012 el presidente Enrique Peña Nieto hizo de la corrupción uno de sus temas fundamentales. Propuso, en particular, crear una Comisión Nacional Anticorrupción para atacar el tema en todos los niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— y de una manera integral.
El mandatario tuvo 18 meses iniciales de gobierno con grandes logros. Bajo el amparo del Pacto por México, que obtuvo el apoyo del PRI, el PAN y el PRD, promulgó once reformas importantes.
La Comisión Nacional Anticorrupción, sin embargo, nunca se creó. De hecho, la Secretaría de la Función Pública, el organismo federal encargado del combate a la corrupción, vivió en estado de letargo durante los primeros dos años del sexenio con un encargado de despacho, Julián Olivas, y no un secretario.
En la luna de miel generada por las reformas el presidente pareció olvidar el tema de la corrupción. Era el momento de México en el mundo. Los medios internacionales no encontraban falta en el gobierno de Peña Nieto.
Las cosas, sin embargo, cambiaron radicalmente en septiembre de 2014. Los casos de Tlatlaya e Iguala mostraron que la violencia no ha desaparecido del país, pero también que la corrupción de los gobiernos se mezcla con el tráfico de enervantes.
Los problemas se complicaron cuando se dio a conocer que la esposa del presidente había adquirido dos lujosas casas en las Lomas de la Ciudad de México. La primera, cuando su marido era gobernador del Estado de México, se la dio Televisa en pago por la cancelación de su contrato como actriz. La segunda fue adquirida a plazos, y con pago de intereses, a Grupo Higa, un proveedor gubernamental.
Posteriormente se señaló que Grupo Higa también había vendido una casa a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en condiciones preferenciales.
Se señaló asimismo que Peña Nieto había comprado una casa de descanso en Ixtapan de la Sal de un proveedor de su gobierno cuando era gobernador mexiquense.
Claridad
El presidente pareció paralizado durante meses ante las acusaciones de conflicto de interés. Si bien Peña Nieto ha dicho que él no decide licitaciones de obra pública, por lo que no ha habido ninguna falta en su relación con Grupo Higa, los cuestionamientos han venido aumentando.
Este 3 de febrero, finalmente, el presidente tomó una decisión importante. Nombró a Virgilio Andrade, ex consejero del IFE, como secretario —no mero encargado— de la Función Pública. Esto significa que la secretaría dejará de vivir en el estado comatoso que ha tenido desde el principio de este sexenio.
Mucho se ha cuestionado que el presidente pida al nuevo secretario, un subordinado, que investigue los casos de posibles conflictos de interés en que él está involucrado. De hecho, el problema va más allá. Nuestra legislación solo permite investigar delitos concretos en contratos gubernamentales. No parece haber irregularidades en este sentido en los casos que han sido objeto de atención de los medios.
Pero eso no significa que no haya conflicto de interés, lo cual, estrictamente hablando, no está penado en la legislación mexicana.
Quizás el presidente debería aprovechar la reactivación de la Secretaría de la Función Pública para reanudar la propuesta de una lucha férrea contra la corrupción. Es posible que la Comisión Nacional Anticorrupción no sea la manera de hacerlo. Pero la legislación sobre corrupción y conflicto de interés tiene que ser actualizada y aplicada en todos los niveles de gobierno. Esto obliga a tener reglas claras para casos de conflicto de interés.