Una de las reglas fundamentales del arte de legislar en cualquier país del mundo con un sistema jurídico imparcial es que las leyes no deben ser hechas para beneficiar o perjudicar a una persona o grupo en particular.
Pero nadie les ha dicho esto a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes este pasado 26 de diciembre, un día después de Navidad, modificaron el artículo 362 del Código Penal capitalino para beneficiar específicamente a los 14 detenidos por los disturbios del 1 de diciembre.
No hubo ni siquiera un intento por ocultar que se estaba legislando para sacar de la cárcel a estas personas.
La pena para el delito de ataques a la vía pública fue reducida de cinco a 30 años que se registraba con anterioridad, a entre dos y siete años.
De conformidad con el peculiar sistema jurídico mexicano, esto significa que el delito ha dejado de ser considerado como grave, por lo que las personas que están siendo procesadas por este crimen y que fueron detenidas el pasado 1 de diciembre podrán obtener la libertad bajo fianza.
El precedente es, me parece, bastante negativo.
El nuevo gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien aparentemente tiene un control absoluto sobre la Asamblea Legislativa, está mandando un mensaje de que si es presionado políticamente puede modificar las leyes para beneficiar a los grupos de presión.
Con esto genera un nuevo incentivo para que se generen presiones en su contra o en contra de la sociedad.
Insatisfacciones
Lo paradójico del caso es que la medida no ha satisfecho a los grupos que organizan manifestaciones como modus vivendi, los cuales exigían la derogación del artículo 362.
Tampoco deja en paz a las familias de los 14 procesados, porque los juicios no terminan con la medida, sino que continuarán con los acusados en libertad bajo fianza.
Y todos, o la mayoría de los detenidos, han argumentado que no tuvieron nada que ver con los disturbios violentos del día de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.
La información que yo tengo sugiere que tienen razón, no parece haber realmente pruebas sólidas en contra de quienes fueron detenidos el 1 de diciembre.
Un comandante de la policía capitalina en la zona me ha señalado que los agentes de corporaciones policiales reunidos en el Centro Histórico esa mañana no tenían instrucciones sobre lo que debían hacer y que cuando se les dio la orden de detener a los manifestantes fue media hora después de que los grupos violentos habían pasado realizando destrozos.
Los detenidos habrían sido, así, en su mayoría o totalmente, manifestantes pacíficos o paseantes que no tenían nada que ver con los destrozos.
Si esta es la situación, los acusados deberían ser dejados en libertad porque no son responsables de lo ocurrido. Lo que no tiene sentido es modificar la ley por razones políticas para beneficiarlos directamente y dejarlos en libertad bajo fianza.
Cuando un gobierno modifica las leyes con destinatarios específicos, está demostrando su falta de respeto a la aplicación general y justa de la ley.