Hemos sufrido muchas matanzas en México. Ahí está la de Acteal del 22 de diciembre de 1997, cuando 45 integrantes de la comunidad de Las Abejas en Chenalhó, Chiapas, fueron asesinados. El 22 de agosto de 2010 un grupo criminal ejecutó a 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Un año después, el 25 de agosto de 2011, un comando armado prendió fuego al Casino Royal de Monterrey y mató a 52 personas. El 9 de noviembre de 2019 tres mujeres y seis niños de la familia LeBaron fueron acribillados en Bavispe, Sonora. Estos son solo algunos ejemplos; la lista es, en realidad, interminable.
Ninguna matanza desde la del 2 de octubre de 1968, sin embargo, ha tenido implicaciones políticas tan profundas como la de Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Seis personas amanecieron muertas y 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron. Hoy sabemos que fueron secuestrados por policías municipales y entregados a integrantes de la banda Guerreros Unidos, quienes los asesinaron.
Una primera investigación de la Procuraduría del Estado de Guerrero y otra de la Procuraduría General de la República permitieron determinar la mayor parte de lo ocurrido. Un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llevó a la recomendación 15/VG 2018 del 28 de noviembre de 2018, reveló inconsistencias y fallas, pero no cambió la narrativa fundamental. En agosto pasado, sin embargo, la llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa publicó un informe que buscó ofrecer una versión distinta y atribuir la responsabilidad al “Estado mexicano”.
No cuaja
La politización del caso Iguala ayudó a que esta matanza se mantenga en el centro de atención durante más de ocho años. De eso se encarga un grupo político, identificado como movimiento de Ayotzinapa, que asumió desde un principio la posición de que el Estado es responsable. Logró incluso colocar como fiscal especial en 2019 a uno de sus operadores, Omar Gómez Trejo. Este permitió la liberación de 120 asesinos confesos, porque supuestamente habían sido torturados para declarar.
Gómez Trejo renunció ya, pero durante su encargo se preocupó más por acusar a quienes investigaron la matanza que a quienes la perpetraron. Detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por haber usado una hipótesis de lo ocurrido, la “verdad histórica”, con la que no estaba de acuerdo. Consiguió 83 órdenes de aprehensión, muchas contra militares y exfuncionarios, por haber supuestamente participado en una gran conspiración para perpetrar los hechos u ocultarlos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, también se adhiere a la tesis de que “fue el Estado”. La nueva versión, sin embargo, no cuaja. Si bien Encinas acusó al general en retiro José Rodríguez Pérez de haber ordenado el asesinato de seis normalistas, los cargos que se presentaron en su contra no incluían esos homicidios. La propia Fiscalía General de la República (FGR) retiró 21 peticiones de órdenes de aprehensión contra cinco exfuncionarios y 16 militares.
La mejor retribución que un Estado puede ofrecer a la víctima de un crimen es hacer justicia. La investigación de Murillo Karam seguramente tuvo errores, pero logró la detención de más de un centenar de participantes en los crímenes de la noche de Iguala. La nueva fiscalía especial, en cambio, ha estado más interesada en demostrar que fue el Estado, que en sancionar a los responsables.