Enrique Peña Nieto llega a su segundo aniversario en la Presidencia de la República en medio de un torbellino.
Quizá no deba sorprendernos. Así empezó su mandato el 1 de diciembre de 2012: en medio de movilizaciones en que los manifestantes arrojaron piedras, bombas molotov e incluso un camión de basura en llamas a la policía que buscaba resguardar el Palacio Legislativo.
Así parece que será el segundo aniversario de la Presidencia este 1 de diciembre.
El secuestro de los normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en la excusa de un intento por forzar la renuncia del presidente y el derrocamiento del Estado mexicano.
Lo ocurrido en Iguala es, ciertamente, un síntoma del fracaso del Estado para cumplir con su función más importante: proteger la seguridad de los mexicanos. Pero la renuncia del presidente no ayudaría en nada a cumplir con esta responsabilidad.
Los grupos radicales que se manifestaron también en contra de la toma de poder del presidente el 1 de diciembre de 2012 y que perdieron fuerza en los primeros 18 meses de gobierno, han logrado reorganizarse a partir de los hechos de Iguala del 26 de septiembre.
Ven a un presidente debilitado y sienten que tienen, ahora sí, la oportunidad de derrocarlo. Aprovechan que el gobierno se muestra reacio a utilizar la fuerza pública para bloquear autopistas y calles, robar vehículos de transporte e incendiar edificios públicos.
Las afectaciones a la gente común y corriente son enormes.
Presión
Lo curioso es que el presidente municipal de Iguala que ordenó la detención de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre era José Luis Abarca, del PRD. El gobernador de Guerrero era Ángel Aguirre, también del PRD. La intervención del gobierno federal vino después y ha sido exitosa. La PGR aclaró el secuestro y ejecución de los normalistas de Ayotzinapa. Sabemos quién lo hizo y por qué. Hay 76 personas detenidas, muchas de las cuales han confesado su parte en el crimen.
Poco importa que el gobierno federal haya cumplido con su función. Los grupos de izquierda radical han aprovechado que Ayotzinapa es una de sus escuelas más fundamentalistas, una normal rural en la que se enseña la doctrina de la revolución armada, antes que cualquier otro conocimiento, para promover el derrocamiento del régimen.
Los normalistas de Ayotzinapa son los mártires del movimiento. ¿Y por qué se pide entonces que se les presente vivos? Al gobierno de Peña Nieto hay que reclamarle lo imposible para que se pueda decir que no cumplió.
Los grupos de oposición tienen, a mi juicio, todo el derecho de buscar derrotar al PRI, el partido del presidente Peña Nieto. Pero esto se debe hacer a través de las urnas. Lo que no se puede aceptar es que se busque quitar por la fuerza a un presidente electo en una votación democrática.
Estos grupos saben que pueden llenar las calles con decenas de miles de manifestantes, pero no necesariamente ganar elecciones que requieren decenas de millones de votos. Por eso la presión es para que renuncie el presidente y no para derrotar a su partido en las urnas. El movimiento puede tener justificaciones, pero no es democrático.