El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, afirma que los integrantes del gremio se defenderán en contra de los actos de censura que se pretenden imponer al gremio mediante la restitución —a través del Congreso de la Unión— de atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que le permiten emitir lineamientos para regular contenidos en el sector.
Asegura que el fallo es muy grave porque la radio y la televisión son los únicos medios de comunicación que tienen ya una “terrible sobrerregulación” que pone en riesgo la viabilidad de esa industria.
“Estamos convencidos de que tenemos que dar la batalla en este sentido y no podemos permitir que atenten contra nuestro derecho a la libertad de expresión. Este tipo de regulación no la tienen los demás medios, como la televisión restringida, por cable o satelital, las OTTs, las páginas web o los periódicos: nadie”, resalta.
Ataque
La CIRT califica como un “ataque directo e inusitado a la libertad de expresión” la sentencia del amparo en revisión 1031/2019 aprobada de manera unánime el 19 de enero, con la que se dispone que el Poder Legislativo restituya las atribuciones que le permiten al IFT supervisar que en los contenidos de radio y la televisión se haga una diferencia clara entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica, entre otras disposiciones.
Para la representación gremial se trata de una obligación imposible de cumplir en la realidad y va en contra del más elemental sentido común, además de que es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y la televisión a controles y sanciones burocráticas que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación.
“La libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus comunicadores es la que les permite entreverar noticia y opinión; decidir la agilidad con la que se hace uso de la comunicación; el derecho a la libertad editorial y el momento y la forma en que se utiliza”, apunta.
En el comunicado emitido para fijar su postura la CIRT advierte que ante esa grave imposición se corre el riesgo inminente de que se cancele la mayor parte de los programas noticiosos y se eliminen aquellas notas informativas en que terceros no distinguen entre información y opinión.
“Tal medida afectará la dinámica de trabajo de todos los medios, tanto públicos como privados, como es el caso de la transmisión de los encuentros en las ‘mañaneras’ del presidente de la República, si no hace una clara distinción entre noticia y opinión”, subraya.
Repercusiones
García Herrera apunta que la conferencia matutina en Palacio Nacional la transmiten muchos medios (públicos y privados). Ahí el presidente habla y da información y opinión al mismo tiempo, por lo que de acuerdo con el fallo se estaría violando la resolución judicial.
“El presidente habla y da información, da opinión al mismo tiempo: ‘Ahora les voy a decir, esta es información, tenemos tres millones de infectados de Covid…’ ‘Ahora esta es mi opinión, fíjense que no es tan grave…’ Es una ridiculez que nos va a afectar gravemente si llega a proceder”, asegura el presidente de la CIRT.
Insiste en que el fallo judicial tiene graves repercusiones sobre la libertad de expresión y desconoce por completo cómo funcionan la radio y televisión.
Y asevera que “el principal derecho de las audiencias es estar informadas con oportunidad, veracidad y por medios y comunicadores libres”, por lo que el sentido de la sentencia pone de nueva cuenta en desventaja a la industria de la radio y la televisión mexicanas respecto de otras plataformas de comunicación que están desreguladas.
“Estamos frente a un gran retroceso en la libertad de información y de expresión; probablemente el más grave de los últimos 45 años”, asevera.
Añade que la CIRT y los comunicadores en sus más de mil 400 estaciones de radio y televisión afiliadas refrendan su compromiso con la audiencia en el sentido de que darán la batalla para no ser censurados.
“Haremos uso de todos los recursos legales que la ley nos concede para continuar ofreciendo a la audiencia mexicana contenidos de calidad, ágiles, entretenidos, comprometidos con la verdad y, antes que cualquier cosa, emitidos con total libertad y sin controles del Estado”, subraya.
Pluralidad y libertad
José Antonio García considera que la autorregulación y los códigos de ética establecidos en la reforma de octubre de 2017, con la que la Cámara de Diputados derogó las regulaciones del IFT y con las que se garantizan los derechos de las audiencias, funcionan bien.
“Primero que nada respetan la libertad de expresión de los medios. Nosotros tenemos defensores de los derechos de las audiencias a los que les pagamos. Se aplican los procedimientos y cuando hay un medio que falta al código de ética que tenemos se le manda llamar, se le pide rectificar y se concilian las partes. Es un mecanismo que ha funcionado y un país democrático como México debe tener como principio la libertad de expresión. Eso es lo fundamental”, destaca.
Refiere que hasta donde sabe solo hay tres naciones que regulan los contenidos a sus medios de comunicación: Cuba, China y Corea del Norte. “Imaginemos el retroceso que tendríamos si dejáramos pasar esto”, recalca García Herrera.
Sobre el argumento contenido en la sentencia de que al delegar facultades a los concesionarios para la defensa de los derechos de las audiencias se corre el riesgo de que su regulación no propicie una deliberación pública y de calidad, el presidente de la CIRT asegura que se tiene una pluralidad tan grande en la radio y la televisión que el radioescucha o el televidente tienen el derecho de escuchar el noticiero, programa o estación que deseen.
“Tenemos líderes de opinión y ellos se ciñen a un código de ética, son responsables de lo que dicen y precisamente en eso se basa la libertad de expresión, en que cada quien puede decir lo que quiera decir y como quiera opinar. La gente sabrá si escucha a equis o ye conductores, cada quien tomará su propia decisión. En eso se basa la libertad”, apunta.
Agrega que una de las defensas que tienen es la Corte Internacional de Derechos Humanos y de ser necesario recurrirán a ella porque no pueden dejar pasar esta vejación a su libertad.
Insiste en que con la reforma de 2017 en el Congreso las normas se hicieron compatibles y hoy se tiene una gran oportunidad porque las autoridades competentes estudian una controversia constitucional respecto de la misma ley.
“Creo que si logramos convencer al Poder Judicial de que esta resolución es un error, se puede enmendar la plana. Creo que puede suceder y espero que así sea”, puntualiza.
—La CIRT hace un llamado al gobierno federal, al Congreso, al Poder Judicial y al IFT para que se resuelva con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales celebrados por México…
—Esto es lo que estamos motivando en este momento: un debate para que la gente, la opinión pública y las autoridades, para que nuestros tres Poderes entiendan y comprendan la gravedad de esta resolución. Por supuesto que estamos abiertos al debate.
Recalca el presidente de la CIRT que están dispuestos a dar la batalla por la libertad de expresión y el derecho a la información a través de todos los medios legales posibles, ya que es importante que la opinión pública se entere de lo que sucede y qué es lo que puede ocurrir después.
“Si dejamos pasar esto no sabemos qué sucederá el día de mañana. Seguramente querrán reglamentar a los periódicos, a las redes sociales, a las páginas web, a las revistas, a todo mundo querrían ponerle una regulación. Y es muy riesgoso que el Estado o una institución del Estado regule los contenidos de los medios de comunicación”, finaliza.
Lineamientos cuestionados
“Para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, la persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla, de manera expresa y clara, que la manifestación realizada o que se realizará constituye una opinión”.
“El IFT mantendrá permanentemente conformado un comité a efecto de ordenar, en caso de resultar necesaria, la suspensión precautoria de transmisiones”.
“El instituto supervisará que los sujetos obligados (medios de comunicación) por los presentes lineamientos den cumplimiento a sus obligaciones y para ello podrá, de oficio o a petición de parte, monitorear los contenidos de audio o audiovisuales, realizar requerimientos, así como cualquier otra actuación administrativa”.